Hacia una conversación política entre pueblos

“Los conflictos entre el Estado chileno, comunidades mapuche, propietarios de tierras que las comunidades reivindican y empresas privadas, lejos de atenuarse (producto de las políticas públicas y la acción estatal) se han incrementado, generando un clima cada vez más complejo de radicalizaciones y violencias, donde la posibilidad de un diálogo político se ve muy lejana”, plantea la autora de este artículo, abogada y antropóloga. “Es necesario —agrega— reconocer que el gobierno actual busca encontrar otro enfoque para enfrentar el conflicto, uno que privilegie el diálogo político, la restitución y el acuerdo entre pueblos que integran el Estado, pero aún no logra dar con el tono ni con la fuerza necesaria para implementar un desafío de esta envergadura”.

por Antonia Rivas Palma I 26 Septiembre 2022

Compartir:

Relacionados

“Los datos están sucios”

por Ricardo Martínez–Gamboa

La génesis de un conflicto

por Jorge Pinto Rodríguez

Basta una mirada rápida a las portadas de la prensa chilena en las últimas décadas para constatar que, en el sur del país, especialmente en las regiones de La Araucanía y Biobío, se vive una situación compleja de violencia que afecta a todas y todos sus habitantes, sin que se observe un camino claro de solución. Sin embargo, de la sola lectura de los titulares de lo que se ha denominado de forma errada “conflicto mapuche”, queda la impresión de que se trata de un conflicto con una sola dimensión, una única cara, relacionado con las acciones violentas que reivindican grupos ligados al pueblo mapuche y no de un conflicto complejo, enraizado en la historia más profunda y negada de nuestro país. Se construye así un relato que solo contempla una clase de violencia en la zona, la de los grupos armados cercanos a la causa mapuche, dejando de lado la violencia que ha ejercido histórica y sistemáticamente el Estado y sus instituciones contra el pueblo mapuche: el despojo, el racismo y la discriminación.

Para comenzar a entender, para pensar más allá de la uniformidad binaria que se le ha dado al estudio del conflicto, debemos incluir en nuestro mapa no solo al pueblo mapuche —con su diversidad de opiniones— y al Estado —y con él a la policía, los militares, los tribunales y las autoridades políticas—, sino también el rol que cumplen las empresas forestales, colonos, empresas de loteos de predios, campesinos no indígenas, dueños de latifundios y organizaciones de propietarios de las tierras que son reivindicadas por comunidades mapuche, solo por nombrar algunas. Todos ellos deben ser parte del análisis del problema y de la forma para iniciar un camino posible hacia su solución. Si ello no ocurre, solo tendremos una perspectiva trunca, ineficaz para pensar seriamente la manera de resolver este conflicto que cada vez cobra más víctimas.

Del mismo modo, es necesario dejar de lado la pesada y porfiada ignorancia que nos caracteriza como chilenos cuando nos referimos a los pueblos indígenas y, en particular, al pueblo mapuche. Chile, desde su Independencia, se ha pensado a sí mismo como un país uniforme, una nación monocultural, que niega su morenidad o la disfraza en el mestizaje y oculta la existencia y vigencia de los pueblos originarios. Construimos un relato de una sola nación homogénea, compuesta por un solo pueblo, que a veces se presenta como mestizo, a veces como blanco, confinando lo indígena a los márgenes, presentes solo en los relatos folklóricos de un pasado aguerrido. Pero los pueblos indígenas, a pesar de los intentos de exterminio, del despojo, de la pobreza, las burlas y la exclusión, sobrevivieron a los intentos de asimilación, se mantuvieron vigentes como partes fundamentales de la construcción de Chile.

Debemos evitar también ejercicios esencialistas, que buscan encontrar en los pueblos indígenas culturas prístinas, sin contacto, que preservan integralmente las costumbres ancestrales. Es fundamental pensar en las interacciones, en las formas como nos hemos relacionado los pueblos que hemos habitado este país, en cómo los modos de vida que estaban destinados a desaparecer, víctimas del colonialismo y la asimilación, perduraron y se mantienen vivos.

La relación con los pueblos indígenas, en especial entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, ha estado marcada por la desconfianza, por el incumplimiento de los acuerdos y promesas, y la falta de entendimiento mutuo. La evidencia más notoria de esta omisión es la ausencia de reconocimiento constitucional hasta hoy de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos (este texto lo escribo cuando aún no sabemos si se aprueba o rechaza el proyecto de nueva Constitución). Desde la llegada de la democracia se ha construido un discurso que se mantiene más o menos inalterado, donde, por un lado, se enfoca la política pública hacia los pueblos indígenas como un asunto de desarrollo, derechos culturales, compras de tierras y subsidios, y por el otro, un asunto policial, de seguridad pública, militarización y violencia. De esta manera y generalizando, se suele enfocar el conflicto desde la violencia que ha generado y sostenidamente se incrementa, olvidando las profundas raíces históricas del despojo territorial y la discriminación, desconociendo las demandas sobre territorio, propiedad, recursos naturales y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Debemos evitar también ejercicios esencialistas, que buscan encontrar en los pueblos indígenas culturas prístinas, sin contacto, que preservan integralmente las costumbres ancestrales. Es fundamental pensar en las interacciones, en las formas como nos hemos relacionado los pueblos que hemos habitado este país, en cómo los modos de vida que estaban destinados a desaparecer, víctimas del colonialismo y la asimilación, perduraron y se mantienen vivos.

Asimismo, en los últimos años, la multiplicidad de respuestas desde el mundo mapuche también crece. Por ejemplo, en la Convención Constitucional que recientemente presentó una propuesta de texto constitucional, participaron siete representantes del pueblo mapuche mediante el sistema de escaños reservados, quienes reivindicaron la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como pueblos y naciones que son parte del Estado, como un Estado plurinacional e intercultural. Se trata de una “vía política mapuche”, como la llama Fernando Pairican, que busca la solución al conflicto en la institucionalidad, consagrando derechos fundamentales colectivos a los pueblos, en especial sus derechos a la libre determinación, a la restitución de tierras, a la participación política y a la autonomía, entre otros. Junto con ello, se mantienen vigentes organizaciones que reivindican y utilizan la violencia como herramienta de lucha contra el Estado y las empresas forestales, y surgen otras nuevas, demandando la autonomía mapuche por fuera de los márgenes del Estado. Muchas de estas organizaciones se han manifestado en contra del proceso constituyente, considerándolo como un espacio institucional no representativo de sus intereses y demandas. A medio camino encontramos, también, a aquellas comunidades mapuche que, habiendo optado en el pasado por la vía institucional, han apostado en los últimos dos años por la recuperación territorial para la construcción de espacios de autonomía, siendo muchas veces reprimidos y desalojados de esos territorios, aunque no utilicen armas durante los actos reivindicativos.

A su vez, en las últimas décadas, el Estado ha respondido a muchas de estas manifestaciones con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza policial, utilizando leyes de excepción contra miembros del pueblo mapuche, con acusaciones de torturas y maltrato por parte de las fuerzas policiales a personas mapuche, incluyendo jóvenes que han sido asesinados, niños baleados y agredidos, y que han crecido expuestos a la violencia y presencia policial en sus comunidades, lo que sin duda incrementa el sentimiento de rabia y exclusión.

Así, en la actualidad existe un preocupante clima de violencia, donde confluye la ejercida por el Estado y la de grupos que cometen graves delitos, principalmente incendios —que hoy no solo afectan a empresas forestales, sino también a particulares—, y las demandas por reivindicaciones territoriales y de otra índole. Debemos además sumar al mapa las denuncias de presencia del narco en comunidades indígenas, y aunque no hay evidencia clara de la veracidad de estas, no podemos desatender la gravedad que podría tener de ser ciertas. Nos sobra experiencia sobre lo que sucede cuando el narcotráfico y sus redes ingresan a las comunidades locales.

Los conflictos entre el Estado chileno, comunidades mapuche, propietarios de tierras que las comunidades reivindican y empresas privadas, lejos de atenuarse —producto de las políticas públicas y la acción estatal— se han incrementado, generando un clima cada vez más complejo de radicalizaciones y violencias, donde la posibilidad de un diálogo político se ve muy lejana. Es necesario, sin embargo, reconocer que el gobierno actual busca encontrar otro enfoque para enfrentar el conflicto, uno que privilegie el diálogo político, la restitución y el acuerdo entre pueblos que integran el Estado, pero aún no logra dar con el tono ni con la fuerza necesaria para implementar un desafío de esta envergadura. En el Wallmapu, la macrozona sur, La Araucanía y el Biobío, como se le llama al territorio al que nos referimos según la intención del hablante, la historia de conflictos y desencuentros entre el Estado de Chile, el pueblo mapuche y muchos otros actores relevantes continúa.

Un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y reconocimiento, a la luz de los tratados ratificados por Chile, nos exige mirar este conflicto desde una lógica distinta, en el entendido de que, en una sociedad democrática, es necesario conjugar la legítima necesidad de garantizar la seguridad de toda la población con un uso proporcional y justificado de la fuerza.

Para avanzar hacia una solución pacífica es fundamental reconocer la heterogeneidad del pueblo mapuche, sus tendencias políticas, sus demandas y sus anhelos en su relación con el Estado chileno. Pero, además, será necesario reconocer a los otros actores que son parte de esta historia, sus temores, esperanzas y la manera en que todos conviven en este hoy convulso territorio. Una respuesta integral para poder avanzar hacia una nueva etapa tiene que considerar esa diversidad y esas diferencias.

Un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y reconocimiento, a la luz de los tratados ratificados por Chile, nos exige mirar este conflicto desde una lógica distinta, en el entendido de que, en una sociedad democrática, es necesario conjugar la legítima necesidad de garantizar la seguridad de toda la población con un uso proporcional y justificado de la fuerza. Ello debe ser conciliado con la urgencia del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial del derecho a la autodeterminación, a la restitución de territorios y a la reparación por las vulneraciones históricas.

El texto de nueva Constitución que se propone a Chile permite pensar otro camino, habilita una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas y pone esperanzas en un nuevo diálogo político, que permita resolver la grave situación de violencia en el Wallmapu. Sin embargo, el racismo y la brutalidad de la herida colonial que tiene Chile hace que, por momentos, el acercamiento y el reconocimiento de estos mundos se vea lejano. No ha sido fácil ser testigo de cómo los detractores de este texto constitucional han utilizado la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas para, mediante lecturas extremas y muchas veces mal intencionadas, pretender mostrar a los pueblos indígenas como grupos “privilegiados”, miembros de una supuesta élite.

De todos modos, es fundamental mantener el empeño, ojalá ahora con un mandato constitucional que habilite el camino hacia la solución, en hallar formas de diálogo y encuentro que consigan acercar posiciones y permitan, reparando el daño causado, que incluso aquellas comunidades y organizaciones que proponen un quiebre total con el Estado, se sienten a la mesa para generar una conversación política entre pueblos.

El desafío es histórico, abrumador e inmenso, pero aún posible. La experiencia comparada nos muestra que en muchos casos de complejos conflictos nacionales, se pueden encontrar los caminos para, por la vía institucional, reparar las heridas con pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas. Hoy tenemos la esperanza de reconocer lo que siempre hemos sido, un país donde diversos pueblos y culturas coexisten, pero ahora reconociendo a todos y todas como sujetos políticos en igual dignidad y derechos.