La Constitución como símbolo

Dejando a un lado el extremismo de la izquierda académica, que condena de antemano al mercado como institución, los sectores socialdemócratas, los liberales de centro, los humanistas-cristianos, los socialcristianos, los agrarios, los nacionales y los radicales son proclives a contar con un mercado a la vez fuerte y controlado, junto a un Estado también controlado y fuerte, al cual, cabe esperar, se le otorgarán mayores atribuciones, de manera tal que su papel no se circunscriba al que se le atribuye en la versión peculiar de la subsidiariedad que defendió Jaime Guzmán, funcional a las banderas neoliberales.

por Hugo Herrera I 29 Septiembre 2020

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Con todas las reformas, con todas las firmas, con todas sus virtudes, con todas las mejoras, el hecho fundamental es que la Constitución de 1980 no funciona como símbolo legítimo. Y en política –aunque usualmente no reparemos en esa verdad y tenga que venir una crisis a sacarnos del sueño dogmático– casi todo se trata de símbolos: de producciones a las que les reconocemos una capacidad de abrir horizontes y articularlos de maneras que brinden sentido.

Pero, ¿por qué la Constitución? ¿No serviría como símbolo de nuestra convivencia republicana y nacional algo distinto, por ejemplo, reformas económico-sociales de mayor calado, estructurales? Sería tozudez desconocer su importancia. Hoy, sin embargo, tal agenda es impracticable. Ocurre que en el Gobierno, la UDI, la derecha económica, incluidos los think tanks financiados por ella (LyD, FPP), prima el economicismo.

Manda ahí la tesis de Milton Friedman, de que el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. La tesis es criticable, por abstracta. La pérdida de legitimidad de las instituciones políticas vuelve inviable el progreso económico. Es solo sobre la base de instituciones legítimas, reconocidas, asentadas sobre consensos amplios, que el despliegue general del país resulta posible, incluido el despliegue económico. Ha sido precisamente Rolf Lüders, el chileno doctorado con Friedman, quien ha constatado, en un estudio de mediados de los 90, que el período más largo de crecimiento económico del país, que va desde 1830 hasta finales del siglo XIX, coincide con un orden político estable y reconocido. El orden de Portales, de Bello, Prieto, Bulnes, Montt –los militares penquistas, los juristas y literatos– fue la base de un período de desarrollo en el que Chile creció más que el promedio de los países que luego serían desarrollados.

En la derecha más extrema se desconocen estos hechos y prima pertinazmente el alegato economicista. El resultado es que el Gobierno, el único facultado para desencadenar ese proceso de reformas estructurales, queda condenado aquí a la inactividad.

Clausurado este camino, ¿tiene sentido negar la necesidad de un símbolo compartido y el papel, que no como texto, sino simbólicamente le cabe cumplir a una nueva Constitución?

No se ve otro símbolo a la mano. Podría serlo la historia. Pero, en la fragilidad de nuestra memoria, todo lo disponible en el difuso mundo de esas fuerzas poderosas que son los símbolos –Allende, Pinochet, la Constitución de 1980–, nos divide. ¿Cómo comenzamos a rehabilitar, entonces, el orden político?

Es solo sobre la base de instituciones legítimas, reconocidas, asentadas sobre consensos amplios, que el despliegue general del país resulta posible, incluido el despliegue económico. Ha sido precisamente Rolf Lüders, el chileno doctorado con Friedman, quien ha constatado, en un estudio de mediados de los 90, que el período más largo de crecimiento económico del país, que va desde 1830 hasta finales del siglo XIX, coincide con un orden político estable y reconocido.

En tanto que dispositivo jurídico, como sola ley, en su calidad de mera norma, la Constitución resuelve solo una parte de la crisis política en la que nos hallamos. Más aún, con la regla de los dos tercios, requerida para aprobar el nuevo texto, probablemente el contenido de la carta que surja de la Convención no será muy novedoso. Habrá, seguramente, una parte de bases de la institucionalidad, una de derechos fundamentales, otra dedicada a los órganos del Estado, un sistema de pesos y contrapesos entre los órganos. Incluso respecto de la propiedad privada, cuesta imaginar que se forme una mayoría de dos tercios para, por ejemplo, volverla nominal. Dejando a un lado el extremismo de la izquierda académica, que condena de antemano al mercado como institución –“mundo de Caín”, lo llama en su destemplada consideración–, los sectores socialdemócratas, los liberales de centro, los humanistas-cristianos, los socialcristianos, los agrarios, los nacionales, los radicales, en resumen: los que concurrirán a formar mayoría, son todos proclives a contar con un mercado a la vez fuerte y controlado, junto a un Estado también controlado y fuerte, al cual, cabe aventurar y esperar, se le otorgarán mayores atribuciones, de tal guisa que su papel no se circunscriba al que se le atribuye en la versión peculiar de la subsidiariedad que defendió Jaime Guzmán, funcional a las banderas neoliberales.

Se ha comparado la crisis que vivimos con la de 1973. La comparación es errónea. Entonces había un país dividido en bandos articulados desde las élites hasta las bases. Hoy no existen dos bandos claramente definidos y que se sientan recíprocamente amenazados. Estamos lejos, aún, de algo así. No hay liderazgo que pueda atribuirse un clamor tan general y difuso como el actual. La situación se parece mucho más a la llamada “Crisis del Centenario”. Entonces, tras dos décadas de oligarquía parlamentaria, irrumpió un proletariado que no encontró acogida en el sistema político y económico, tal como hoy las nuevas clases medias. El inveterado legalismo llevó entonces a la respuesta obvia: una Constitución. Ella no fue solución suficiente. La crisis tuvo que pasar por otras etapas. Hubo dictadura y un conato de régimen socialista, sendas matanzas. La Constitución de 1925 fue, sin embargo, un paso necesario en la superación de la crisis, que se consiguió recién en los años 30. Ella fue el catalizador de las exigencias de los nuevos grupos. Puso fin a la funesta oligarquía parlamentaria, retornando a la más fecunda tradición del presidencialismo. Fortaleció el Estado, dándole músculo en asuntos sociales. Fue la primera piedra, solo la primera piedra, pero sobre cuya base pudo erigirse el orden nuevo que pervivió cuatro décadas, en medio de un contexto mundial ideológicamente cargado y altamente inestable.

Nuestra crisis, la del Bicentenario, tiene una estructura parecida a la de 1910. Nuevos grupos sociales, medios ahora, irrumpen sin encontrar acogida adecuada en el sistema político y económico. Las clases medias son, por primera vez en nuestra historia, mayoritarias. Son efectivamente medias. El sarcasmo displicente de cierta izquierda acomodada que rechaza la designación es frivolidad. Lo que ha quedado nítidamente atrás son el hambre, el frío, la mortalidad infantil, la desnutrición (que en 1960 afectaba al 40 por ciento de los niños). Nuestras clases medias están lejos, por cierto, de las alemanas, holandesas o noruegas. Se hallan endeudadas, son precarias, agobiadas por el “miedo inconcebible a la pobreza”, por el temor a volver a una situación que, una vez alcanzado el estatus mesocrático, es no solo ruinosa, sino vergonzante. Pero, no hay que olvidarlo, son clases medias. El asunto es que no hallan cabida adecuada en un sistema que es demasiado estrecho para ellas. También para los pobres de siempre.

El proceso constituyente abierto la noche del 15 de noviembre es lo que mantiene viva la esperanza de una salida institucional a la crisis, que le brinde acogida a esos grupos masivos que reclaman con la intensidad que, entre nosotros, solo parece repetirse cada 100 años. Con un Gobierno que no acaba de superar el filisteísmo y una oposición que se niega a entender el carácter nacional de un reclamo (que no es únicamente contra el Presidente de la República), ha sido el entendimiento entre los sectores más moderados y visionarios de la derecha y la izquierda el que conserva abierto –todavía– el proceso político.

La comprensión política tiene un modo peculiar de realización, parecido al artístico. Ella es lograda no cuando se ajusta a un criterio predefinido en su contenido. El logro ocurre cuando ella consigue expresar la situación del pueblo, las pulsiones y anhelos populares, de maneras simbólicamente eficaces. Se trata de generar, de producir los discursos, las obras, las instituciones pertinentes. Pertinencia aquí no es lo mismo que eficiencia o que corrección moral, medidas según reglas dadas. No consiste en el cumplimiento de parámetros cuyo significado esté determinado previamente. Pertinencia es eficacia simbólica. Discursos, obras, instituciones pertinentes son aquellas que, más allá de que se ajusten o no a las reglas de una determinada ortodoxia económica o a las normas de un sistema moral ya dado, consiguen captar y brindar una dirección a la que todos de algún modo atisbaban, pero que nadie discernía con nitidez hasta que las palabras, instituciones u obras han sido producidas y a las que todos puedan prestarle su asentimiento. Pueden prestárselo porque se sienten reconocidos, acogidos en ellas.

Nuestras clases medias están lejos, por cierto, de las alemanas, holandesas o noruegas. Se hallan endeudadas, son precarias, agobiadas por el ‘miedo inconcebible a la pobreza’, por el temor a volver a una situación que, una vez alcanzado el estatus mesocrático, es no solo ruinosa, sino vergonzante. Pero, no hay que olvidarlo, son clases medias. El asunto es que no hallan cabida adecuada en un sistema que es demasiado estrecho para ellas.

Ese modo específico de logro o cumplimiento de la comprensión política es distinto de las pretensiones economicistas en la derecha y las moralizantes en la izquierda. La comprensión técnico-económica no entra –por sus propias restricciones metodológicas– en la cualidad y hondura del sentido experimentado internamente por los individuos y en las experiencias de significado que se alcanzan en la pertenencia a comunidades, ambientes y procesos colectivos. Para una racionalidad económica de tipo neoliberal, las preferencias individuales son en principio indiferentes, no admiten ser diferenciadas según su cualidad o mérito, de tal suerte que, por ejemplo, la acumulación de preferencias alienadas, que en el futuro decantarán en una crisis, no puede ser advertida por este tipo de racionalidad. La funcionalidad del pensamiento económico le impide atender, asimismo, a la realización de aspectos de la existencia humana específicamente políticos, como la libertad y la paz, la participación y la solidaridad. No tiene sentido preguntar aquí, ¿cuánto valen?

Tampoco se entiende bien la política desde criterios morales predefinidos. En la izquierda se ha extendido la doctrina, a la que he aludido, para la cual la plenitud política y humana se identifica con una deliberación pública deslindada de lo que se entiende como intereses egoístas. Se propone favorecer esa deliberación mediante el desplazamiento coactivo del mercado, tenido por un contexto institucional inmoral, campo de la despreocupación por el otro. No se repara, empero, en que la deliberación pública es un modo de interacción racionalizante. En ella vale, en principio, lo general, admisible para todos. En tanto que pública, ella es una forma de interacción ocular, escrutadora, hostil a lo oscuro, a las pulsiones difícilmente presentables, a la radical intimidad que poseen, también, los individuos. Ella permite una cierta plenitud sacrificando otros aspectos del despliegue humano. Es incapaz de incorporar plena e inequívocamente, en su generalidad visual e inquisitiva, al ser humano concreto, su carácter no solo visualizable sino arcano. Pura ocularidad es también pose, y en el individuo consta una parte contundente para la cual la pose es opresiva.

La propuesta de esa izquierda se halla, además, en tensión con el principio republicano de la división institucional del poder entre una esfera estatal y otra civil fuerte. El desplazamiento coactivo del mercado de áreas enteras de la vida social e idealmente de todas (exigible por su inmoralidad como institución) coincide con la acumulación del control de todos los recursos económicos disponibles en el Estado. La realización de la propuesta culmina, así, en un sistema de concentración del poder en un dispositivo incompatible con aquello que no es generalizable, con lo insondable de la existencia humana, tanto individual como colectiva, con el dinamismo y las intensas fuerzas concretas que no son simplemente pasables por el rasero de lo que resulta universalmente admisible a la multitud de los ojos escrutadores.

Ambos discursos, el economicista y el moralizante, son demasiado abstractos como para esperar de ellos que se dé expresión eficaz al pueblo concreto en su territorio; a un pueblo dinámico, la encarnación de fuerzas y pulsiones, de inclinaciones y deseos que se muestran a la vez que se esconden. Libertad e igualdad, aumento de la capacidad de consumo y jubilaciones razonables, sistemas de transporte veloces y eficientes a la vez, encuentros festivos y crítica ácida, nostalgias de la comunidad perdida y afán de distanciamiento, rabia violenta más honda que la rabia y añoranzas de vecindarios amigables, vértigo reformista y búsqueda de seguridad… la lista podría alargarse, las tensiones entre las distintas pulsiones y demandas, empero, se mantiene. ¿Cómo brindarles expresión?

En el contexto actual de ebullición, de una ebullición que expresa el distanciamiento entre los anhelos populares y la institucionalidad política; en un momento en el cual, además, hegemonizan la discusión dos discursos acentuadamente abstractos; en este instante se hace necesario volver a reparar en la relevancia de los símbolos; en la importancia de producciones consensuadas de las que quepa esperar la adhesión del pueblo porque, antes que a la consistencia con reglas, ellas están abiertas a la situación popular concreta. Una vuelta sobre las condiciones de la comprensión política, sobre el talante productivo y creador que ha de asumir, sobre la receptividad que debe poseer frente a lo nuevo, al pueblo al cual ha de brindar expresión, podría ser la base de una ruptura del enclaustramiento discursivo en el que nos hallamos. El procedimiento constituyente definido en el pacto del 15 de noviembre, y en virtud del cual es esperable contar, luego de décadas, con un símbolo nacional compartido, en el que amplias mayorías lleguen a sentirse reconocidas, genera el espacio para una práctica político-hermenéutica beneficiosa para la República.

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