
La creciente popularidad de fuerzas autoritarias y populistas ha llevado a pensadores liberales, pero también a otros sumamente críticos del orden liberal, a subrayar la validez de los principios liberales si queremos conservar el orden democrático. Es que a diferencia de otras corrientes, el liberalismo no solo admite el disenso, sino que se define por esa tolerancia hacia él. Este es el sello distintivo que lo diferenció de socialismos y nacionalismos, y también de ciertos gobiernos que, si bien triunfaron en las urnas, adquieren rasgos cada vez más autoritarios.
por Fernanda García G. I 9 Noviembre 2026
La antigua e incómoda pregunta sobre la existencia de una derecha “liberal” en Chile revive de tiempo en tiempo. ¿Su expresión más reciente? El desafío de conformar equipos en el gobierno de José Antonio Kast levantó cuestionamientos a la coherencia de una derecha que, diciéndose liberal, aceptase integrar un orden conservador. Carlos Peña, por ejemplo, argumentó que, de existir, la derecha liberal no podría entrar al gobierno sin traicionarse a sí misma. Cómo podría hacerlo, se preguntó, si “debiera ser partidaria de permitir el aborto al menos en las causales establecidas y apoyar firmemente la eutanasia”, puesto que sabemos que el actual presidente rechaza tanto lo uno como lo otro.
Los parámetros valóricos para juzgar la integridad política de las derechas han sido usados por el propio sector. En el Consejo Constitucional, Arturo Squella señaló que le costaba creer que alguien, siendo de derecha, no apoyara la norma que resguardaba la vida de quien está por nacer.
Ambos ejemplos son una buena muestra de cuál ha sido el tenor de la discusión acerca de lo que constituye una identidad política liberal, siempre restringido a las derechas, midiendo lo liberal en términos fundamentalmente valóricos. El problema es que la discusión se desvía del que debiese ser el principal eje para evaluar la identidad y coherencia de las fuerzas políticas chilenas de derecha, y también de izquierda. ¿Qué significa ser liberal o, por el contrario, pasar a formar parte de los iliberales? Despejar esta pregunta resulta más necesario que nunca, dado el incremento de populismos y autoritarismos incluso en gobiernos que han sido electos en las urnas.
A partir de la segunda mitad de siglo XX, el orden liberal, entendido como la democracia representativa que respeta los derechos humanos, se impuso como forma de organización política en Occidente. Su consolidación se ha considerado un triunfo de legitimidad. Pero su preeminencia frente a proyectos colectivistas le ha significado recibir fuertes cuestionamientos, lo que no es raro: todo modelo utópico paga un precio por su concreción. Al materializarse, enfrenta la imposibilidad de satisfacer cabalmente sus ideales y, al igual que parte del establishment, pierde su mística contracultural. Además, llevados a un límite, este precio es sustancialmente mayor para el liberalismo político. A diferencia de otras utopías, este no solo admite el disenso, sino que se define por esa tolerancia hacia él. Este es el sello distintivo que lo diferenció de socialismos y nacionalismos.
Ahora bien, la creciente popularidad de fuerzas autoritarias y populistas ha llevado a pensadores liberales, pero también a otros sumamente críticos del orden liberal, a subrayar la validez universal de los principios liberales si queremos conservar el orden democrático.
Entre los críticos históricos que defienden esta idea destaca el comunitarista Michael Walzer. En su trabajo más reciente, The Struggle for a Decent Politics: On “Liberal” as an Adjective (2023), Walzer plantea que “ser liberal” ya no significa, necesariamente, adherir al liberalismo como una posición sociopolítica fija, como socialismos o nacionalismos. Walzer destaca que elementos centrales de lo liberal se han emancipado del esquema fijo de organización, para transformarse en normas y sensibilidades de alcance universal, que pueden combinarse con variados proyectos políticos.
El núcleo de lo “liberal político”, el “ethos político liberal” descansa sobre la idea de que toda persona es un fin y nunca un medio. Entrega primacía a la libertad como “el valor más humano” (Berlin), a partir de un reconocimiento igualitario de dignidad a todos como seres racionales. La libertad consiste en la posibilidad de cada cual de elegir su forma de vida sin coacción, y todos tenemos esa posibilidad porque somos igualmente dignos. Esta libertad personal tiene dos dimensiones: la negativa, que implica que siempre está limitada por la libertad de los demás; y la positiva, que significa que la libertad necesita niveles mínimos de seguridad material y espiritual que permitan su ejercicio, y todos debemos promover.
Ahora bien, en los tiempos que corren, es difícil encontrar persona, partido o grupo que no se declare demócrata y que no reconozca igual dignidad y libertad a todo ser humano, al menos de palabra. ¿Cómo distinguir entre las fuerzas liberales y las iliberales?
El primer y más importante eje para juzgar la coherencia de líderes, partidos e idearios, y ponderar afinidades recíprocas, exige asumir que la línea divisoria se traza entre quienes aceptan límites al poder y quienes los consideran meros obstáculos circunstanciales; quienes respetan el principio de autocontención y quienes no lo hacen.
En la democracia liberal, los actores políticos defenderán idearios diversos y así debe ser, pero para que puedan llamarse democráticos es indispensable que transparenten sus convicciones personales, valóricas y económicas, y luego expliciten los límites que están dispuestos a respetar respecto de ellas al ejercer el poder. Si no creo en la virtud del crecimiento o en la despenalización del aborto, debo decirlo, y aclarar si estoy dispuesto o no a abstenerme de imponer mi visión cuando se ejerza el poder, ya sea como parlamentario o como presidente. Honrar la autocontención comprometida no solo implica abstenerse de ejercer ciertas facultades de las que se dispone; también permite cuestionar a otras instituciones o procedimientos democráticos cuando ellos no se ajusten a sus convicciones.
Gustavo Petro, por ejemplo, encarnó un liderazgo iliberal cuando argumentó que juntando firmas o insertando una papeleta adicional en las elecciones parlamentarias, “el pueblo de manera espontánea” podía convocar a la asamblea constituyente que él promovía.
Al finalizar su primer gobierno, Donald Trump debió respetar su derrota, aun si consideraba que hubo fraude electoral. Su liderazgo fue iliberal cuando, en cambio, promovió el asalto el Capitolio. Por eso, en la campaña que lo llevó al segundo mandato aseguró que respetaría la libertad federal de los estados para permitir el aborto dentro de sus jurisdicciones, a pesar de su postura personal y de haberse reversado la doctrina general de Roe contra Wade en la Corte Suprema.
Este asunto es crucial: el liberalismo político no es una doctrina más entre otras, sino la que defiende la contención. En otras palabras, es una metautopía, como ha señalado Nozick. Su pregunta fundamental no es qué fines perseguimos, sino qué aceptamos no estar autorizados para hacer, incluso cuando creamos tener razón y podamos, en los hechos, imponer nuestra visión.
En este sentido, la diferencia entre un líder, partido o gobierno autoritario y uno democrático no se agota en su origen (si se impuso por la fuerza o si fue electo), sino que radicará, justamente, en la autocontención prometida que luego sea capaz de honrar al ejercer el poder. Esta decencia política nos remite al respeto por el Estado de Derecho, combinando los principios de legalidad y responsabilidad.
Un segundo eje para juzgar la coherencia liberal de líderes, partidos e idearios se relaciona a la primacía que el orden liberal le entrega a la persona frente al colectivo y su dignidad igualitaria. Líderes y fuerzas que rechacen la libertad de conciencia y culto, o validen la violencia, promuevan la superioridad racial o sexual, y/o defiendan cualquier forma de utilización de la persona para el logro de fines colectivos quedan excluidos de ser considerados liberales políticos. No existen posibles “autoritarismos liberales” o “racismos liberales” o “sexismos liberales”, porque todos ellos consideran legítimo que la persona sea un medio para el logro de un objetivo colectivo. Es posible promover el orden público sin ser autoritario, defender la tradición nacional sin ser racista y defender el valor de la familia sin ser sexista. La diferencia radica en si creo legítimo o no subordinar el proyecto personal al fin colectivo.
Al respecto, hace unos años el informe de políticas educativas del gobierno de Viktor Orbán, en Hungría, alertaba sobre los peligros de educar “en exceso” a las mujeres. El énfasis educativo en rasgos “femeninos”, como la madurez emocional o la sobrerrepresentación de mujeres en la universidad, perjudicaba el desarrollo pleno de los hombres, afirmaba el informe, y ¡el perjuicio social sería enorme! Las habilidades masculinas eran las realmente necesarias para el desarrollo de la economía, y la fecundidad continuaría cayendo por la dificultad de las universitarias para encontrar compañeros de igual estatus educacional. Esta narrativa puede molestar a unos por su machismo o gustar a otros, particularmente a aquellos cansados de los excesos de ciertos feminismos. Lo relevante aquí es advertir que en cualquiera de los casos, antes que odioso o grato, el discurso es iliberal en cuanto considera que el proyecto vital personal de mujeres y hombres se puede subordinar al bien del colectivo en el diseño de políticas públicas.
Que la pregunta fundamental de lo liberal político no apunte a los fines particulares que perseguimos, sino que se limite a la dignidad igualitaria de la persona como fin y a la necesidad de autocontención en el poder, no significa que estos fines no interesen a ciudadanos y autoridades. Tampoco significa que el orden político liberal sea un cascarón reducido a la preservación de formalidades electorales o un proyecto relativista del tipo que propone Richard Rorty. Lo que aquí se ha señalado es que salvo por el núcleo descrito y los principios que de este se siguen, las convicciones religiosas, valóricas y económicas no son indispensables para discernir si una identidad política es liberal o iliberal.
Ello ha permitido a académicos, afines y críticos, coincidir en que actualmente la identidad política liberal puede estar presente en personas religiosas o no religiosas, de izquierda o de derecha. Es claro que el orden liberal condena la desigualdad basada en la etnia, el género, la discapacidad y la posición social, y por eso reconoce valor al mérito y a la igualdad de oportunidades. Pero comúnmente se olvida que la dignidad igualitaria es una moneda de dos caras, que condena tanto la discriminación como el privilegio. Las ventajas de cuna debieran incomodar al liberal que defiende el mérito, y su vocación por defender al débil no podrá vincularse jamás a la política identitaria.
¿Por qué?
Lo liberal rechaza lo identitario cuando favorece al poderoso, y por eso hace siglos eliminó el voto censitario; pero también lo hace cuando protege al débil, porque lo identitario es iliberal al situar al colectivo por sobre la persona. Por eso la defensa liberal de minorías sexuales y raciales no valida medidas como escaños reservados, fueros judiciales especiales y cuotas que alteren el principio de que a cada persona le corresponde un voto. No se trata de negar el valor de la pertenencia comunitaria, ni de favorecer el desarraigo, sino de priorizar el respeto por la persona más allá de su pertenencia grupal. Cuando la pertenencia colectiva aplasta al individuo, el grupo es sinónimo de casta y anula la libertad de la persona para escoger su propio camino.
A su vez, la libertad y dignidad igualitaria implican reconocer y resguardar las libertades individuales fundamentales (conciencia, culto, expresión, asociación, reunión, movimiento y seguridad personal), las cuales permiten a cada cual pensar y actuar según sus convicciones. Y aquí valgan dos aclaraciones: primero, lo liberal político reconoce a la propiedad privada como un derecho natural o, al menos, fundamental, porque es producto del trabajo personal. También considera que los mercados son valiosos e indispensables para la agencia. Pero solo en un segundo momento, la posición liberal trae consigo determinadas consecuencias relativas al carácter del ordenamiento económico. La esencialidad de la propiedad y el mercado no excluyen la tributación, la redistribución ni la regulación estatal. De hecho, los monopolios y los mercados ilícitos (especialmente aquellos que instrumentalizan a las personas) son objeto de rechazo para el ethos político liberal.
Segundo, el ethos liberal valora la autonomía personal no solo en un sentido económico, como se suele enfatizar en Chile, puesto que se extiende a materias valóricas y culturales. Pero esto, en todo caso, no permite predeterminar el contenido de la agenda valórica de una identidad política liberal coherente. Lo liberal político no es lo mismo que lo liberal cultural y no puede serlo porque, si lo pretendiera, se traicionaría a sí mismo. El pluralismo es valioso para el orden liberal pero jamás es un fin en sí mismo que permita aplastar la primacía de la persona y su libertad. Lo liberal político no exige abandonar religiones, y protege la libertad de conciencia, culto y religión, así como el derecho parental preferente en educación. Por lo mismo, insiste en que el Estado no debe ser dominado por una religión determinada ni por un secularismo vinculante que aplaste la libertad de conciencia de quienes tengan visiones diferentes de la “oficial”.
Todas estas constataciones resultan esclarecedoras porque permiten ver que, como calificativo, lo liberal político debe ser interpretado con la sobriedad que exige la primacía de su dimensión sociopolítica por sobre ciertas agendas económicas y valóricas. Estas no se pueden imponer como requisito de blancura doctrinaria. Un liberal político, religioso o no, de izquierda o derecha, puede participar en un gobierno que valóricamente sea conservador o progresista, y que económicamente sea más proclive a reducir el tamaño del Estado o a expandirlo. Puede hacer todo aquello sin traicionarse a sí mismo. Lo que no puede hacer, en cambio, es entrar a un gobierno iliberal, a uno que a pesar de haber llegado al poder por la vía electoral mintió sobre sus convicciones y/o sobre su compromiso de autocontención. En otras palabras, aquel gobierno que al momento de asumir impone lo que ocultó en campaña o que, al menos, prometió contener.
Esta clave interpretativa es especialmente relevante para Chile, donde tanto la izquierda como la derecha iliberal han gozado en los últimos años del apoyo popular, y donde, por lo mismo, despejar el equívoco debiera interesar a todos y no solo a quienes no están en el poder, mientras no están en el poder.