El proceso constituyente en su hora crítica

Algunos de los temas discutidos en la Convención Constituyente fueron interpretados por buena parte de la ciudadanía como demasiado radicales, al punto de que varios sondeos de opinión señalaron que en el plebiscito ratificatorio habría un empate entre el “apruebo” y el “rechazo”. ¿Pero es comparable la nacionalización de toda la minería privada con definir un Estado plurinacional o legalizar el aborto? ¿No será que quienes dirigen el proceso en este momento se encuentran más a la izquierda que el votante medio? Ahora bien, aunque esto fuera así, ¿estarían estos grupos dispuestos a moderar algunas propuestas en aras de un triunfo contundente de la nueva Carta Fundamental?

por Javier Couso I 2 Junio 2022

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I.

En los primeros días de abril, cuando la Convención Constitucional cumplía ya nueve meses trabajando en la elaboración del texto de la nueva Carta Fundamental, cayó encima de ella un verdadero “balde de agua fría” cuando diferentes sondeos de opinión arrojaron lo que en esencia representa un empate en la predisposición de la ciudadanía a votar “apruebo” o “rechazo” en el plebiscito ratificatorio que tendrá lugar en septiembre.

Inmediatamente después de conocerse estas encuestas y mientras los grupos hegemónicos de la Convención (de la izquierda moderada y la radicalizada) intentaban levantar suspicacias respecto de la confiabilidad de las anteriores o atribuir el inesperado resultado a un problema comunicacional, el Presidente Boric echó por tierra esos intentos de negar la realidad, señalando que la Convención debía buscar “la mayor transversalidad y amplitud posibles, para construir una Constitución que sea un punto de encuentro entre los chilenos y las chilenas”. Así, y cuando quedan solo dos meses para que la Convención concluya su trabajo, se mantiene el fantasma de que este largo e intrincado proceso podría terminar en el más estrepitoso de los fracasos.

La verdad es que, ya desde febrero, se venía instalando un cierto clima de opinión negativo sobre varias de las propuestas de normas constitucionales que empezaron a generarse al interior de las siete comisiones temáticas en que se organiza la Convención. Más allá de la radicalidad de algunas (como la emblemática propuesta de instalar un sistema político inspirado en los soviets, o la nacionalización de la totalidad de la minería privada), lo que parece haber horadado la confianza ciudadana en el proceso ha sido la apariencia de improvisación e, incluso, irracionalidad exhibida por algunas propuestas, lo que ofreció espacio a quienes se oponen al proceso constituyente para darse un festín con cada propuesta que aparecía como extravagante o derechamente aberrante. En este contexto, actores que —hasta hace unos pocos meses— aparecían favorablemente predispuestos al trabajo de la Convención, comenzaron a distanciarse, algunos, y a oponerse derechamente al mismo, otros. Esto parece ser el caso de un movimiento (“Amarillos”) surgido al alero de una carta de un comunicador cultural de la plaza, Cristián Warnken.

 

II.

Las razones que explican que un proceso que comenzó con altísimos niveles de aprobación ciudadana se encuentre hoy en una situación límite —en que no se puede descartar que se rechace la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito ratificatorio— son diversas. En primer término, y como lo ha relevado Gabriel Negretto, es un hecho que la integración de la Convención se encuentra, desde el punto de vista ideológico, bastante a la izquierda del votante medio chileno. Este sesgo ideológico, que sitúa al ente constituyente a la izquierda del electorado que eligió al Congreso Nacional y al presidente Boric a fines del año pasado, explica en parte que una vez que la Convención comenzó a elaborar propuestas de normas constitucionales, muchas de estas aparecieran ante la opinión pública como demasiado radicales. Esto ocurrió, por ejemplo, con la propuesta —en este caso ya aprobada por el pleno de la Convención— que consagra derechos de los animales, “reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”, norma prácticamente sin precedentes en el constitucionalismo contemporáneo.

Lo que parece haber horadado la confianza ciudadana en el proceso ha sido la apariencia de improvisación e, incluso, irracionalidad exhibida por algunas propuestas, lo que ofreció espacio a quienes se oponen al proceso constituyente para darse un festín con cada propuesta que aparecía como extravagante o derechamente aberrante.

Otro elemento que parece estar jugando en contra del proceso constituyente es lo que aparece a ojos de muchas personas como una propuesta constitucional excesivamente “indigenista” (término que no se precisa bien por parte de quienes acusan aquello, pero que parece referirse a lo que perciben como concesiones exageradas a dichas minorías). En este contexto, la empatía inicial que generó el que por primera vez en la historia del país una mujer mapuche liderara un ente tan relevante, fue evolucionando gradualmente hasta una cierta desazón con lo que aparece —injustificadamente, pero eso es harina de otro costal— como una propuesta constitucional demasiado enfocada en los pueblos originarios. Expresiones como “Estado plurinacional” aparecen como ajenos a la cotidianidad del votante medio (en el mejor de los casos) o derechamente como una amenaza a la integridad y unidad del Estado y la identidad nacional (en el peor de los casos). Esto último no tiene asidero alguno en términos jurídico-constitucionales, pero juega un rol bastante desestabilizador en el plano simbólico, puesto que lleva a muchos a considerar que la plurinacionalidad implica la desintegración del Estado, con la desazón que ello conlleva. En efecto, y como lo señaló el grupo de expertos internacionales invitados por el Senado a nuestro país para elaborar un informe sobre el proceso constituyente (la denominada Comisión de Venecia, entidad europea que asesora en materias constitucionales a diversos países de ese continente y crecientemente de otros), no hay nada especialmente anómalo en adoptar la plurinacionalidad o en establecer, en paralelo al sistema nacional de justicia, una instancia de justicia especializada para resolver algunas controversias que se generen al interior de comunidades indígenas, teniendo a la Corte Suprema como instancia revisora final, como es el caso de lo aprobado finalmente por la Convención.

Algo parecido sucedió con la —ya desechada, pero ampliamente debatida en su momento— propuesta de sistema político, especialmente en lo que se refería a la adopción de un modelo que incluía una suerte de “triunvirato”, que combinaba un presidente de la República acompañado de una vicepresidencia y de un ministro de gabinete, que algunos esperaban que evolucionara a una suerte de primer ministro de facto. En un país con una tradición presidencial tan arraigada, esa fallida propuesta generó altos niveles de perplejidad y rechazo. Si bien fue eventualmente desechada, contribuyó, mientras estuvo debatiéndose, a dar plausibilidad a la invectiva de los adversarios del proceso, en el sentido de que se estaban planteando cosas “delirantes”, con el consiguiente desprestigio de la Convención.

 

III.

Una vez aquilatada la coyuntura crítica en que se encuentra el proceso constituyente, surge la pregunta por los diferentes escenarios que se abren hacia adelante. Un primer escenario es que el grueso de los grupos que ostentan hegemonía al interior de la Convención se hagan eco del llamado del presidente Boric y moderen el tenor de las propuestas que se encuentran elaborando, de manera de hacer posible que un grupo más amplio del electorado se sienta convocado a aprobar el texto de la nueva Constitución en septiembre. En ese caso, quienes hegemonizan el ente constituyente estarían sacrificando algunas de sus aspiraciones, con el objetivo de asegurar que los importantísimos logros alcanzados no queden en nada, ante un eventual triunfo del “rechazo”.

Un escenario radicalmente diferente es que solo algunos grupos de izquierda de la Convención sigan la recomendación presidencial, pero que los sectores maximalistas de la misma continúen apostando a que, incluso adoptando un texto radical, puedan prevalecer en el plebiscito ratificatorio. En este caso, por supuesto, no puede descartarse el que —a pesar de su radicalidad— el texto propuesto obtenga una mayoría, pero todo sugiere que lo más probable es que un texto percibido como exageradamente radical sea rechazado.

Así las cosas, lo ocurrido en los últimos años sugiere que, de la misma forma en que el estallido social nos mostró que el umbral de desigualdad que la democracia chilena toleraba era mucho menor que el que teníamos en 2019, el proceso constituyente en marcha parece sugerir que la cantidad —y la profundidad— de los cambios institucionales que tolera la mayoría de la ciudadanía son menores que los que algunos sectores de la Convención creen.

En este punto, es natural inquirir sobre qué sucederá el día después de que un proceso que buscó canalizar institucionalmente un estallido social de proporciones fracase. Quizá porque hasta hace unos meses este escenario no estaba en el radar de casi ningún observador, contamos con pocas herramientas para siquiera imaginar qué vendría después de algo así. En el mundo conservador, para algunos un eventual triunfo del “rechazo” podría marcar el retorno a la suerte de “paraíso perdido” tras el estallido social. En ese escenario, imaginan, Chile retomaría lo que consideran la virtuosa trayectoria que había tenido en las últimas décadas y que se habría detenido producto del gigantesco malentendido que subyacería a los eventos de octubre y noviembre de 2019. Esta actitud ante un eventual fracaso del proceso constituyente es, sin embargo, descartada por los sectores más lúcidos de la ex-Concertación y la centroderecha, que se toman en serio que las causas del estallido social siguen con nosotros, lo que hace inviable hacer retroceder el calendario hasta el 17 de octubre de 2019. Los grupos hoy inclinados a rechazar el texto que se está adoptando por la Convención, probablemente buscarán reinstaurar un proceso constituyente, pero basado en reglas del juego muy distintas a las que gobernaron el actual. Sin embargo, lo que esos grupos no advierten es que luego de un eventual triunfo del “rechazo”, un nuevo proceso constituyente que les diera confianza a sectores de centro y de centroderecha seguramente alienará profundamente a los sectores de izquierda y los movimientos sociales que se sienten interpretados por la actual Convención Constitucional. Esto, a su vez, pondría en serio riesgo ese eventual nuevo intento por canalizar institucionalmente las profundas insatisfacciones con el orden social, político y económico que existen en el país.

Así las cosas, lo ocurrido en los últimos años sugiere que, de la misma forma en que el estallido social nos mostró que el umbral de desigualdad que la democracia chilena toleraba era mucho menor que el que teníamos en 2019, el proceso constituyente en marcha parece sugerir que la cantidad —y la profundidad— de los cambios institucionales que tolera la mayoría de la ciudadanía son menores que los que algunos sectores de la Convención creen. Sería muy bienvenido que, esta vez, se modulen las cosas para evitar el fracaso de un proceso en que se pusieron tantas esperanzas y que no sería fácil de sustituir.

 

Nota del editor: al cierre de esta edición, 12 de mayo, la Convención despachaba los últimos artículos sobre derechos sociales y las tres comisiones (de Armonización, Normas transitorias y Preámbulo de la Constitución) estaban comenzando su trabajo.