Revista Santiago

No pocos observadores contemporáneos, parciales e imparciales, han afirmado que la democracia estadounidense se encuentra en un proceso de deterioro acelerado. En gran medida, este diagnóstico se asocia a una evaluación negativa del gobierno de Donald Trump, a quien muchos consideran una amenaza existencial para las instituciones de la república que el pueblo le encomendó encabezar. En la versión más cautelosa de esta visión, Trump es un populista sin visión estratégica, exclusivamente guiado por sus instintos narcisistas y sus intereses más basales. Los críticos más duros lo acusan de ser un fascista y un dictador en potencia, orientado por una visión restrictiva y excluyente de lo que significa la ciudadanía estadounidense y, en la práctica, adversario de las instituciones y la cultura política que han definido la democracia de ese país en su largo proceso de consolidación desde la Independencia. Sintomáticamente, las protestas masivas contra el gobierno de Trump se han denominado “No Kings”, en alusión indirecta, pero evidente, al impulso de origen de la república cuyo documento fundacional señaló en 1776 que los gobiernos derivan sus legítimos poderes solo del “consentimiento de los gobernados”. Desde estas perspectivas, Trump está muy lejos de ser heredero digno de los padres fundadores y no merece encabezar las celebraciones de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se cumplen el 4 de julio de este año.

Trump ha dado razones para temer por la integridad de las instituciones de la democracia, aunque muchas menos de las que sus adversarios ven. Sin duda, lo más grave en este sentido fue su actitud ante la derrota electoral de 2020 frente a Joe Biden. La democracia moderna se basa en la obligación de los perdedores de las elecciones de aceptar su derrota y la de los mandatarios salientes de entregar el poder a sus sucesores constitucionalmente elegidos. Con sus palabras y acciones, Trump desafió ambos principios y se acercó peligrosamente a romper un tabú hasta entonces inviolado, lo cual hubiera sometido las instituciones de Estados Unidos a una prueba como pocas otras en su historia. Con todo, en parte porque nuestros tiempos de conflicto político exacerbado son también tiempos de frivolidad extrema, la sangre no llegó al río. Trump fue sucedido por Biden, quien a su vez fue sucedido nuevamente por Trump, ganador indiscutido de la elección presidencial de 2024. En la historia nada está escrito en piedra, pero lo más probable es que en 2028 tenga lugar una nueva elección presidencial competitiva y que el candidato triunfador asuma su cargo en 2029 como lo han hecho todos sus antecesores desde que George Washington se rehusó a ser presidente por un tercer período y entregó el mandato a John Adams en 1797. Si esto ocurre, como seguramente pasará, quizás haya que reconsiderar el calificativo de “fascista” que le adjudican a Trump sus detractores más apasionados, no sin buenas razones. O quizás, más desconcertantemente para quienes fuimos formados en las lógicas políticas y morales del siglo XX, haya que reconsiderar la asociación automática entre el concepto “fascismo” y la convicción antidemocrática que caracterizó su ascenso en el interludio entre las dos guerras mundiales.

En la historia, donde se juegan nuestros destinos, nos guste o no, el modelo de igualdad garantizado por el sistema representativo inventado en Estados Unidos ha recibido muchas más adhesiones y, por ende, se ha sostenido por más tiempo que otros modelos de igualdad social basados en concepciones utópicas de la naturaleza humana. No es casualidad que los negros de Estados Unidos, primero esclavizados y luego segregados por las instituciones de la democracia, siempre hayan optado mayoritariamente por caminos políticos hacia la integración y no hacia la secesión del sistema.

Una tercera posibilidad es, sencillamente, no darle tanta importancia a una discusión conceptual originada en una dinámica histórica propia de un período determinado y finito, pues la república estadounidense pertenece a una escala temporal de otra dimensión. Sus instituciones y su cultura política han probado su solidez y su legitimidad con excepcional consistencia desde que se echó a andar el proyecto nacional en 1776. Desde 1789, año de promulgación de la Constitución de Estados Unidos, todas las instituciones prescritas y reglamentadas por ella han funcionado sin interrupción. Ningún otro país del mundo, cualquiera sea su sistema de gobierno, luce una trayectoria equivalente. Si bien los padres fundadores describieron su invención política como una república y no como una democracia, pues en el uso de la época a este concepto se le atribuía un significado que en nuestro vocabulario contemporáneo adjudicamos al término “asambleísmo”, los principios universales formulados en la Declaración de Independencia, la Constitución de 1789, las constituciones de los estados que fundaron o se sumaron a la unión y la literatura magisterial sobre el orden político en formación, en la que destacan los panfletos federalistas de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, sentaron las bases de un sistema que pasaría a ser descrito como democrático apenas unas décadas después. A partir de ese momento Estados Unidos ha sido la vanguardia y el bastión inexpugnable de un sistema de gobierno, una estructura de relaciones sociales y una cultura ciudadana que tienen su punto de partida, mas no su fin, en las instituciones políticas derivadas de las ideas de que todos los hombres son creados iguales y que el poder de los gobernantes deriva del consentimiento de los gobernados. Considerando la radicalidad y originalidad del proyecto y su impacto en la historia mundial del último cuarto de milenio, no es exagerado afirmar que, más que un país, Estados Unidos es una civilización y un modelo para su tiempo.

“Una revolución democrática se produce entre nosotros”, afirmaba en 1835 Alexis de Tocqueville, en la introducción de La democracia en América. Entonces, señalaba el intelectual francés, “las condiciones sociales (eran) más iguales entre los cristianos de lo que nunca lo (habían) sido en ningún tiempo ni en ningún país del mundo”. Se trataba del resultado de un proceso histórico de larga data, que se desplegaba por todo el mundo occidental y que continuaría su marcha de manera más o menos inevitable. En ninguna parte, sin embargo, se desenvolvía de manera tan acelerada y había alcanzado una fase tan avanzada y radical como en Estados Unidos. Allí, decía Tocqueville, los hombres son “más iguales en cuanto a la fortuna y la inteligencia (…) de lo que lo son en país alguno del mundo, y de lo que han sido en ningún siglo del que la historia guarde memoria”. Cierto es que se refería solo a los ciudadanos de Estados Unidos, pues no ignoraba la situación de exclusión y sometimiento que afligía a los esclavos negros y los pueblos nativos, víctimas de las paradojas inherentes a un proceso histórico en que las ideas marchaban a mayor velocidad que las mentalidades y la cultura. En cualquier caso, la descripción del orden político emanado de la igualdad de condiciones sociales que observó entre los descendientes de los colonizadores británicos de América hace justicia a la singularidad de la civilización estadounidense: “El pueblo reina sobre el mundo político americano, cual Dios sobre el universo. Es la causa y el fin de todas las cosas; de él todo emana y todo vuelve a su seno”, escribe Tocqueville.

Del pueblo todo emana. En esta fórmula tajante radica el rasgo central de la civilización democrática de la que Estados Unidos ha sido modelo, con sus luces y sombras. Su expresión política concreta es el voto en elecciones —de presidentes, gobernadores, parlamentarios federales y estatales, autoridades municipales, fiscales, jueces, jefes de policía y otros cargos— y en referendos sobre temas de interés público en el nivel del condado, la municipalidad o el estado. La crítica de las izquierdas radicales a la democracia representativa se sostiene generalmente sobre la idea de que el voto enmascara lo que en realidad es falta de participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones sobre las cuestiones que les atañen directamente. No es una idea sin mérito, pero lo cierto es que el sistema representativo, sostenido sagradamente y abierto a cada vez más personas desde los inicios de la república estadounidense, ha garantizado que todas las decisiones sobre asuntos públicos sean tomadas por individuos elegidos para asumir esa responsabilidad. Para bien o para mal, no se ha inventado aún un modelo que materialice el principio de la igualdad política de manera más feliz que esta forma de democracia representativa. Por el contrario, todos los intentos alternativos de crear democracias autodescritas como participativas, directas o populares no han sido más que montajes discursivos para el secuestro del poder por parte de caudillos, dictadores o partidos únicos, con consecuencias nefastas para las sociedades que han caído en la trampa.

Trump se ha mostrado en más de una ocasión como un líder poco afecto a las sutilezas conceptuales que definen la cultura política democrática del país que preside y su discurso polarizador no contribuye a granjearle el respeto de sus opositores. Por otra parte, tampoco se trata del primer presidente de Estados Unidos que hace de la disrupción permanente, la retórica agresiva y el actuar determinado, su modus operandi.

En el mundo de las abstracciones que subyacen al pensamiento utópico, es concebible un orden político en que la ciudadanía participe activamente, con entusiasmo y buena fe de un proyecto común y de ello resulte un sistema armónico y funcional (el delirio de los “cabildos constituyentes” del Chile de hace algunos años cabe en esta categorización). En la historia, donde se juegan nuestros destinos, nos guste o no, el modelo de igualdad garantizado por el sistema representativo inventado en Estados Unidos ha recibido muchas más adhesiones y, por ende, se ha sostenido por más tiempo que otros modelos de igualdad social basados en concepciones utópicas de la naturaleza humana. No es casualidad que los negros de Estados Unidos, primero esclavizados y luego segregados por las instituciones de la democracia, siempre hayan optado mayoritariamente por caminos políticos hacia la integración y no hacia la secesión del sistema. Tampoco es casualidad que Estados Unidos haya ganado la Guerra Fría a un rival ideológico que proponía su propio modelo de igualdad social basado en la limitación de las libertades individuales de quienes en la práctica eran súbditos y no ciudadanos. Millones han emigrado desde todos los puntos del globo para experimentar el modelo de igualdad política y social de la civilización estadounidense y la enorme riqueza material que ha engendrado. Ningún otro modelo de instituciones políticas y estructuras sociales ha ejercido tal nivel de atracción en la historia. Si es que alguna vez el sistema estadounidense cae, caerá con él la civilización de la democracia en la que hemos vivido en los últimos dos siglos y medio, de la misma manera que la caída del Imperio romano trajo consigo el fin de una civilización en Europa.

El fin del sistema político del imperio romano, sin embargo, fue consecuencia del debilitamiento de las estructuras sociales en que se sostenía; no al revés. Si bien la comparación no es perfecta —ninguna lo es en la historia— sí ayuda a ponderar el estado actual de la democracia en Estados Unidos. Trump se ha mostrado en más de una ocasión como un líder poco afecto a las sutilezas conceptuales que definen la cultura política democrática del país que preside y su discurso polarizador no contribuye a granjearle el respeto de sus opositores. Por otra parte, tampoco se trata del primer presidente de Estados Unidos que hace de la disrupción permanente, la retórica agresiva y el actuar determinado, su modus operandi. La democracia que observó Tocqueville en su visita de 1831, sin ir más lejos, era encabezada y llevada a extremos discursivos entonces inéditos por Andrew Jackson, posiblemente el primer populista exitoso en la historia moderna. En ninguno de los dos casos, sin embargo, la sociedad estadounidense experimentó cambios que condujeran a una transformación del paradigma cultural ni de las condiciones sociales que subyacen a su democracia. Por más odioso que parezca el discurso del actual presidente a sus detractores y por más crítica que parezca la convivencia en la actualidad en Estados Unidos, la sociedad de ese país, incluyendo a los votantes nacionalistas de Trump, sigue operando de acuerdo con las convicciones basales de la Declaración de Independencia de hace 250 años. Mientras esto no cambie, la democracia estadounidense continuará existiendo, sostenida por los mismos principios universales formulados en 1776. Por más amenazantes, polarizados y neuróticos que parezcan nuestros tiempos, Estados Unidos y la civilización de la democracia que encabeza no están al borde del abismo.