Revista Santiago

La situación de los mapuches ha irrumpido en la agenda pública con especial notoriedad en el último tiempo. Parte de esa notoriedad se explica por la Convención Constituyente, tanto por sus integrantes —pues incluyó escaños reservados para pueblos originarios— como por los artículos aprobados que los involucran. Otra parte de esa notoriedad se debe al recrudecimiento de los hechos de violencia —no solo por la frecuencia sino también por la gravedad de estos— perpetrados por organizaciones indigenistas, que justifican la lucha armada para la restitución de tierras, incluso si ello afecta a personas mapuches.

Pero pese a la relativa notoriedad en los medios y en el discurso de las élites políticas, el interés de la población general en los asuntos relacionados con los pueblos originarios es moderado. En una encuesta que hicimos en LEAS-UAI, a 1.000 personas adultas, seleccionadas al azar, entre el 22 de abril y el 9 de mayo de este año, 41% manifestó relativo interés en noticias sobre estos asuntos, mismo porcentaje que indica interés en noticias sobre la Convención, pero inferior al tamaño de la población que señala interesarse en noticias sobre deportes (46%), delincuencia (66%) y economía (74%).

En general, quienes intervienen en el debate acerca de la situación de los mapuches adoptan una perspectiva histórica o apelan a diagnósticos basados en investigaciones cualitativas de antaño, enfocados en los mapuches que habitan zonas rurales. Estas perspectivas son, sin duda, relevantes. Sin embargo, poco se dice sobre cómo viven los mapuches hoy, desde una perspectiva cuantitativa, pese a que hay esfuerzos relevantes en esa área. Uno de ellos se llevó a cabo en el Centro de Estudios Públicos (CEP), entidad que, a la fecha, ha realizado dos versiones de una encuesta a más de 1.493 personas mapuches y a 1.606 personas no-mapuches, que habitan en las cinco regiones que concentran el 90% de la población mapuche. Estas encuestas son representativas de la mayoría de la población mapuche y por eso nos permiten elaborar un panorama más general que las miradas particulares que subyacen a los esfuerzos cualitativos previos. Estas encuestas se realizaron en 2006 y 2016. A partir de este esfuerzo, junto a Isabel Aninat y Verónica Figueroa Huencho, coeditamos El pueblo mapuche en el siglo XXI: Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile, libro que reúne reflexiones de investigadores mapuches y no-mapuches a partir de los datos arrojados en esas investigaciones.

¿Por qué usar datos? Porque esto permite combatir las distorsiones en opiniones que surgen de la homofilia, que es la tendencia de las personas a relacionarse con otras similares a sí mismas. Por esa razón, una creencia que se asume como verdadera recibe constantes refuerzos por medio de la redundancia de la información que circula a través del grupo social al que se pertenece. Los especialistas y tomadores de decisiones no son ajenos a esta tendencia. Como documenta Hans Rosling en su libro Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World − and Why Things Are Better Than You Think, los especialistas en diversas disciplinas tienen visiones muy distorsionadas de la situación económica y social del mundo. El autor sostiene que estos sesgos se pueden superar observando el mundo a través de los datos. Yo adhiero a esa visión.

Según el Censo de 2017, cuyos datos estuvieron disponibles después de la publicación del libro El pueblo mapuche en el siglo XXI, 9,9% de la población efectivamente censada se identifica como mapuche, 2,3 puntos porcentuales más que en 2015 y 3,9 puntos porcentuales más que en 2009, según estimaciones provenientes de la encuesta Casen. Por lo tanto, una primera observación relevante es que la cantidad de personas que se identifica como mapuche ha crecido con el paso del tiempo.

¿Dónde suelen residir? Según el mismo Censo, la Región Metropolitana es la que concentra más población mapuche a nivel nacional, con un 35% del total, una cifra muy superior a los que viven en La Araucanía, donde a menudo se asume que vive la mayoría, pese a que concentra el 18% de los mapuches del país. La concentración en las urbes es parte de una tendencia de larga data: tiene su origen en las migraciones producidas desde mediados del siglo XX y continúa hasta el día de hoy. Según las cifras de la Casen, alrededor de 1,3 millones de personas mapuches se localizan en zonas urbanas en 2020, 369 mil más que en 2015 y cerca de 769 mil más de las que había en 2009. En contraste, los mapuches que viven en áreas rurales llegaron a 373 mil personas en 2020, según la misma encuesta, 32 mil menos que en 2015.

Mientras más personas no-mapuches hay en las redes personales de los mapuches, menor es la discriminación que los mapuches han experimentado y percibido, hay mayor disposición a identificarse como mapuches, y crece la preferencia por más integración de las comunidades mapuches al resto del país en vez de su autonomía. Sin duda, es un hallazgo incómodo para quienes postulan la autonomía como solución al conflicto.

Walter Imilan, uno de los autores invitados en el libro, plantea que existe “una suerte de dualidad” entre los mapuches migrantes, toda vez que viven en la ciudad, pero sienten nostalgia de su comunidad de origen. Más aún, el 76,5% de los mapuches entrevistados por el CEP en 2016 expresó que la vida en la ciudad es un obstáculo para la reproducción de la cultura y del “ser mapuche”. Sin embargo, han surgido iniciativas que están cambiando ese panorama. Por ejemplo, Imilan documenta la existencia de comités de vivienda en la Región Metropolitana integrados por mapuches, con el fin de apoyar la asignación de subsidios habitacionales para ellos y también participar del diseño de soluciones habitacionales con pertenencia cultural, de modo que la construcción de los nuevos conjuntos de viviendas no sea una barrera para la reproducción de su cultura.

Un aspecto clave para mantener viva la cultura mapuche es conservar y extender la práctica de su lengua, el mapuzugun. Sin embargo, el porcentaje de personas que reporta hablarla —independiente de si es mejor, igual o peor que el castellano— descendió desde 24% a 15% en solo una década, entre 2006 y 2016. En este ámbito, también hay diferencias por lugar de asentamiento: en 2016, apenas un 8% de los mapuches que viven en zonas urbanas habla el mapuzugun con algún grado de competencia, en contraste con un 33% en las áreas rurales. Más aún, entre aquellos mapuches con algún conocimiento del mapuzugun, su utilización es esporádica, incluso en asentamientos rurales. Por último, tanto en 2006 como en 2016, los pocos mapuches que reportaron saber algo de mapuzugun no usaron esta lengua para comunicarse con los niños pequeños, lo que evidentemente debilita la transmisión intergeneracional del conocimiento de esta lengua y, con ello, la conservación de la cultura mapuche.

Por otro lado, tanto las interacciones entre mapuches y no-mapuches, como sus percepciones y actitudes están condicionadas por el lugar de asentamiento, ya sea si es urbano o rural. En efecto, las redes personales de mapuches y no-mapuches, que surgen a partir de la conversación de asuntos importantes de la vida cotidiana, son muy similares en zonas urbanas. Las redes en esas zonas tienden a tener menos integrantes, con menos presencia de familiares y de mapuches, en comparación con lo observado en asentamientos rurales. Esto es reflejo de la segregación espacial que deriva del proceso migratorio hacia las periferias de los grandes asentamientos urbanos.

Asociado a lo anterior, surge una observación adicional muy relevante para el debate constitucional. Mientras más personas no-mapuches hay en las redes personales de los mapuches, menor es la discriminación que los mapuches han experimentado y percibido, hay mayor disposición a identificarse como mapuches, y crece la preferencia por más integración de las comunidades mapuches al resto del país en vez de su autonomía. Sin duda, es un hallazgo incómodo para quienes postulan la autonomía como solución al conflicto de ciertas organizaciones mapuches con el Estado chileno y la creación de enclaves que, eventualmente, podrían dificultar las interacciones entre mapuches y no-mapuches y, así, la aparición de las percepciones y actitudes positivas que derivan de ellas.

Pese a que la situación económica de Chile ha experimentado un importante deterioro producto de la pandemia —al punto de que la recesión económica vivida en 2020 fue la más profunda de los últimos 40 años— y sus efectos colaterales han afectado a toda la población, a los mapuches les llegó con más fuerza. De hecho, en 2015, los mapuches percibieron ingresos ocupacionales de 330 mil pesos en promedio, cerca de 140 mil pesos menos que los no-mapuches. En 2020, según las cifras de la Casen, los ingresos ocupacionales promedio de los mapuches ascendieron a 430 mil pesos, cerca de 213 mil pesos menos que el ingreso promedio de los no-mapuches. Es decir, la situación económica de los mapuches se ha deteriorado en relación con los no-mapuches en el último lustro. Esta situación es particularmente dramática en la Región de La Araucanía, donde los datos de 2020 indican que alrededor de un cuarto de los mapuches que ahí habitan están en situación de pobreza o indigencia. Pese a estas alarmantes cifras, la situación es mejor que en 2015, ya que esa cifra ascendía a un tercio. Más aún, las brechas en pobreza e indigencia entre mapuches y no-mapuches son más pequeñas en 2020 que en 2015 (2,9 y casi cero puntos porcentuales mayor, respectivamente).

Tal como en 2015, la mayor parte de las diferencias de ingreso entre mapuches y no-mapuches en 2020 se explica por variables tales como educación, horas trabajadas y efectos de rama u oficio. Especialmente relevantes siguen siendo las brechas en educación existentes entre mapuches y no-mapuches, pese a que en cinco años se redujo. Por ejemplo, la brecha en el porcentaje de mapuches sin educación formal disminuyó de 3,2 puntos porcentuales en 2015 a 2,4 en 2020. Al mismo tiempo, el porcentaje de mapuches con estudios superiores aumentó de 9,6% en 2011 a 14% en 2015 y a 18% en 2020. En esta perspectiva, es posible que la reducción en la pobreza e indigencia se deba a mejoras en el logro educacional de los mapuches, lo que sugiere que las brechas de ingreso podrían seguir reduciéndose si las soluciones se enfocan en disminuir la persistente brecha educacional entre los mapuches y los no-mapuches.

La situación económica de los mapuches se ha deteriorado en relación con los no-mapuches en el último lustro. Esta situación es particularmente dramática en la Región de La Araucanía, donde los datos de 2020 indican que alrededor de un cuarto de los mapuches que ahí habitan están en situación de pobreza o indigencia.

Quizás el deterioro más importante entre 2017 y el presente es la relación de los mapuches con el Estado. Si analizamos la confianza que la población mapuche deposita en las instituciones, observamos que hasta hace no demasiado tiempo, Carabineros y las Fuerzas Armadas eran las instituciones en que los mapuches más confiaban, pese a que la confianza en ambas cayó entre 2006 y 2016, principalmente en las zonas rurales. En tanto, la confianza de los mapuches en el Congreso y los partidos no presentó variaciones en el mismo lapso, precisamente, porque ya era muy baja en 2006. Entre las instituciones encargadas de la justicia, la confianza de los mapuches que viven en zonas rurales en el Ministerio Público y en los Tribunales de Justicia cayó entre 2006 y 2016, alcanzando los mismos niveles de confianza de sus pares en las zonas urbanas.

Entre 2017 y el presente hubo casos de corrupción (“Pacogate”) y montajes (“Operación Huracán”) que afectaron a Carabineros. Y especialmente relevante es el caso de Camilo Catrillanca, cuyo homicidio ocurrió en Temucuicui el 14 de noviembre de 2018. Estos hechos minaron la confianza y legitimidad de Carabineros. Más aún, al año siguiente, la confianza y legitimidad policial volvió a sufrir otro golpe tras el estallido social y los violentos enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, que derivaron, en algunos casos, en investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. Mónica Gerber y sus colaboradores han investigado las relaciones entre los mapuches y Carabineros. Entre sus hallazgos, publicados en 2018, destaco el siguiente: mientras más legítima sea la percepción asociada a Carabineros, más probable es que los mapuches justifiquen el uso de la violencia para el control de las manifestaciones por parte de Carabineros, y menos probable es que justifiquen el uso de la violencia para la restitución de tierras por parte de activistas mapuches.

En esta perspectiva, creo posible que parte del recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur tiene que ver con una creciente desconfianza y menor percepción de legitimidad del actuar de Carabineros tras los eventos descritos y también con la todavía precaria situación económica de los mapuches, particularmente en la Región de La Araucanía. De este modo, la seguridad material de la macrozona sur está severamente afectada. Como la seguridad material está en la base del resto de las necesidades, las soluciones apremian.

En respuesta al estallido social, las élites políticas decidieron iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución, que fue ratificado en el plebiscito realizado en octubre de 2020, muy relevante para toda la población, pero en especial para los grupos indígenas. La redacción del texto estuvo a cargo de una Convención que contó con escaños reservados para pueblos originarios, 17 de los 155, en distritos que tienen una alta proporción de población indígena mayor de 18 años. De esos 17 escaños, siete estaban reservados a quienes se identifican como mapuches. La Convención aprobó artículos orientados a convertir a Chile en un “Estado plurinacional”, concepto que, como escribe Javier Couso en una edición pasada de esta revista, aparece como ajeno a la cotidianidad del votante medio. Está por verse si la propuesta se aprobará o rechazará y si, en caso de aprobarse, esta propuesta dará un nuevo impulso a la reivindicación de tierras o del territorio ancestral —que en las encuestas CEP de 2006 y 2016 aparece como el tema más prioritario para los mapuches— y al reconocimiento institucional que tanto anhelan. También está por verse si a partir de tal impulso la relación con el Estado y la seguridad material mejoran, y si produce más integración y no más segregación de la población mapuche.

En paralelo, la sociedad mapuche contemporánea avanza hacia mayor interculturalidad. Según las cifras de la encuesta CEP en 2016, 96,7% de los mapuches localizados en las urbes reportó que “casarse o formar familia entre mapuches” no era central para la mantención de la cultura. Más aún, esta encuesta muestra actitudes mayoritariamente positivas al origen no-mapuche de un eventual cónyuge de la hija(o) o hermana(o) de un encuestado mapuche. Estas actitudes revelan una apertura generalizada en cuanto a la conformación de relaciones de parentesco con personas no-mapuches que, a mi juicio, constituyen la base de la sociedad mapuche contemporánea. Esta profundización de las relaciones interculturales, en mi opinión, es una señal de integración respetuosa de la diversidad, no de asimilación, que puede derivar en menores prejuicios y discriminación, como describí más arriba.

Sin ser exhaustivo, he querido dar cuenta de los cambios a la situación de los mapuches durante el último lustro. Pese a la existencia de ciertas mejoras, como las brechas más pequeñas en educación, pobreza e indigencia, y a la creciente interculturalidad de las relaciones sociales, la situación de los mapuches presenta un dramático deterioro en aspectos económicos, políticos, culturales y de seguridad, reflejo de la profundización de tendencias de larga data. Como los problemas tienen múltiples dimensiones, las soluciones requieren de una mirada sistémica por parte de los tomadores de decisiones. Soluciones aisladas que aborden una dimensión, en desmedro de las otras, solo contribuirán a la frustración, una más en la historia de los mapuches.

Fotografía de portada: Cristóbal Olivares.