
En las últimas dos décadas, los políticos ambiciosos han observado la retórica y los métodos que sus pares en el extranjero han utilizado para desmantelar la democracia, pieza por pieza. Estos aspirantes a autócratas han aprendido de ejemplos exitosos y han actuado siguiendo esas lecciones, envalentonados por la incapacidad de los actores nacionales e internacionales para frenarlos. Alguna vez la difusión de ideas políticas ayudó a fomentar las transiciones democráticas. Hoy, ella facilita el retroceso democrático. Sin embargo, como plantea el autor de este texto, la autocracia y el iliberalismo aún pueden ser derrotados.
por Larry Diamond I 28 Septiembre 2026
El 5 de agosto de 2024, tras semanas de protestas estudiantiles masivas, cayó una dictadora en el octavo país más poblado del mundo. En medio de las guerras en Ucrania y Gaza, el creciente peligro de un conflicto más amplio en Oriente Medio y los giros inesperados de la carrera presidencial estadounidense, la repentina renuncia y exilio de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, apenas atrajo la atención mundial. Sin embargo, la trascendencia de su derrocamiento podría ser considerable. Hasina, hija del líder de la independencia y primer presidente de Bangladesh, fue primera ministra entre 1996 y 2001, y reelegida para el cargo en 2008. Durante los siguientes 15 años, gobernó con creciente crueldad y determinación en tres mandatos consecutivos. Ejerció un control personal sobre los tribunales, la fiscalía, las agencias gubernamentales y la policía, utilizándolos para silenciar a los medios de comunicación, perseguir a sus oponentes, intimidar a la empresa privada y subvertir las instituciones y tradiciones que antes permitían elecciones razonablemente libres y justas. Para cuando los bangladesíes volvieron a votar en 2014, Hasina había pisoteado tanto las normas constitucionales que la mayoría de los partidos de la oposición optaron por boicotear las elecciones, acelerando así el descenso del país hacia la autocracia y el mal gobierno.
Sin embargo, la sociedad civil de Bangladesh se negó a permanecer en silencio ante la creciente ola de arrestos y desapariciones. En enero de 2024, mientras Hasina se preparaba para acceder a un cuarto mandato consecutivo en otras elecciones fraudulentas (que también fueron boicoteadas por la oposición), la protesta popular se intensificó. En junio, la represa estalló. El detonante fue un asunto aparentemente insignificante: el restablecimiento de un sistema de cuotas para los puestos gubernamentales que favorecía a la base política de Hasina. Estudiantes universitarios bangladesíes salieron a las calles, indignados ante la posibilidad de un sistema de clientelismo político. Hasina respondió con represión: las tropas de choque de su partido se unieron a la contienda, y envió a la policía y al ejército. Durante los dos meses siguientes, cientos de civiles fueron asesinados, más de 20 mil resultaron heridos y más de 10 mil fueron arrestados. La brutalidad del gobierno transformó un movimiento de protesta limitado en una campaña nacional de desobediencia civil contra la tiranía y la corrupción. Finalmente, tras perder el apoyo del ejército, Hasina huyó a la India.
Se podría argumentar que derrocar a un dictador era una tarea más fácil en Bangladesh que lo que sería en otros lugares. Ningún partido o movimiento bangladesí había institucionalizado el control ideológico y político sobre el Estado, el aparato de seguridad y la economía, como lo hicieron los partidos comunistas revolucionarios en China, Cuba y Vietnam, los ayatolás en Irán o, en menor medida, el movimiento “socialista bolivariano” de Hugo Chávez en Venezuela. Pero muchos de los regímenes autocráticos surgidos en la última década han seguido un camino similar al de Bangladesh. Líderes corruptos han socavado las instituciones democráticas y establecido un régimen autoritario tras la fachada de elecciones multipartidistas. Siguiendo un manual de jugadas común, desmantelaron completamente la democracia en El Salvador, Hungría, Nicaragua, Serbia, Túnez, Turquía y Venezuela. En otros lugares, se han utilizado herramientas similares para degradar la democracia, aunque es discutible si esos países cruzaron la línea hacia la autocracia: ejemplos recientes incluyen Georgia, Honduras, India, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka. Las prácticas iliberales también han erosionado la calidad de la democracia y el apoyo público a ella en Botsuana y Mauricio, que son los sistemas multipartidistas más antiguos de África. Los partidos gobernantes corruptos y autoritarios de Mongolia y Sudáfrica han supervisado el declive democrático, si bien las recientes elecciones supusieron graves reveses para ambos países. En México, por el contrario, una medida de Andrés Manuel López Obrador como presidente saliente podría erosionar aún más el precario Estado de derecho del país. Una enmienda constitucional exige que todos los jueces sean elegidos por voto popular, lo que socava la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo el futuro de la democracia del país.
La mayoría de estos países no son dictaduras en toda regla. Más bien, se han unido (o se han acercado) a las filas de lo que los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way denominan regímenes “autoritarios competitivos”. Esta descripción encierra una contradicción fundamental. Las élites gobernantes no se comprometen con las normas constitucionales que permiten elecciones libres y la rendición de cuentas del gobierno, pero el pueblo no tolerará la eliminación total de las libertades individuales, el pluralismo cívico, las elecciones multipartidistas y, al menos, la posibilidad de que los partidos alternen en el poder. Muchos países, como Kenia, Nigeria y Tanzania, se han mantenido en esta situación intermedia durante algún tiempo. Otros, como Pakistán y Tailandia, lo hacen con la complicación añadida de contar con fuerzas armadas que ostentan poder de veto político.
El panorama global para la democracia es uno nublado, si no es que francamente desalentador. El extremismo político, la polarización y la desconfianza han ido en aumento incluso en democracias liberales establecidas desde hace mucho tiempo y la duda sobre el compromiso democrático de Donald Trump fue un tema importante en su elección presidencial. Pero hay destellos de sol detrás de las nubes. Bangladesh no es el único ejemplo. La lucha por la libertad se intensificó en Venezuela después de unas elecciones robadas. El régimen respaldado por los militares de Tailandia se ha enfrentado a una crisis de legitimidad cada vez más profunda desde que los tribunales impidieron que el ganador de las elecciones parlamentarias de 2023 asumiera el poder. La autocracia electoral de Turquía parece cada vez más desgastada y frágil, y el hombre fuerte que gobierna el país desde hace mucho tiempo, Recep Tayyip Erdogan, apenas logró una victoria sobre un oponente incoloro en las elecciones presidenciales de mayo de 2023. También ese año, las sorprendentes victorias de la oposición en las elecciones nacionales trajeron una restauración de las prácticas democráticas en Polonia y una oportunidad histórica en Guatemala para superar la problemática historia de autocracia y corrupción del país. Y los dos últimos ciclos electorales en Malasia sugieren un cambio hacia la democracia después de seis décadas de lo que parecía un régimen autoritario competitivo y estable: una coalición improvisada puso fin al gobierno de seis décadas de la coalición Barisan Nasional en 2018, y los votantes nombraron entonces primer ministro al principal líder de la oposición, Anwar Ibrahim, en 2022.
En otras palabras, los autócratas de hoy no son invencibles. Muchos dependen de las elecciones, aunque sean profundamente defectuosas, para mantener un aire de legitimidad. Pero esto significa que pueden ser derrotados. Frentes de oposición internos decididos, respaldados por la comunidad más amplia de democracias liberales, pueden revertir la tendencia de retroceso democrático global. Para tener éxito, tendrán que luchar contra los impulsores de la tendencia antidemocrática, debilitar los pilares que apuntalan la falsa democracia del populismo autoritario y aplicar las lecciones de anteriores campañas exitosas contra gobernantes autoritarios. Así como los autócratas emplean un conjunto común de herramientas para adquirir y mantener el poder, sus oponentes deben comenzar a seguir el manual del cambio democrático.
El impulso global de la democracia alcanzó su punto máximo poco después del fin de la Guerra Fría. Por primera vez en la historia, los sistemas en los que la gente podía elegir y reemplazar a sus líderes en elecciones libres y justas se convirtieron en la forma predominante de gobierno. En 2006, alrededor de tres quintas partes de todos los países cumplían este estándar. Desde entonces, la democracia y la libertad han estado en constante retroceso. Durante 20 años consecutivos, el grupo sin fines de lucro Freedom House —que rastrea los cambios en los derechos políticos, las libertades civiles y el Estado de derecho, y asigna a los países y territorios una “puntuación de libertad” anual en una escala de cero a 100— ha contabilizado más países que pierden libertad que los que la ganan. A menudo, la diferencia es una proporción de dos a uno o peor. El proyecto V-Dem, con sede en Suecia, ha identificado una tendencia desfavorable similar, aunque algo más reciente.
El declive ha sido global. Los niveles promedio de democracia, medidos por Freedom House, V-Dem y la Economist Intelligence Unit de la revista The Economist, han caído en todas las regiones del mundo desde 2006. Los cambios no siempre han sido desastrosos, pero sí notablemente generalizados y persistentes. De los 22 países subsaharianos que cambiaron significativamente en la escala democrática durante este período, 18 sufrieron declives, y de los cuatro que mejoraron, tres —Angola, Gambia y Zimbabwe— tan solo se convirtieron en autocracias menos abusivas. A nivel mundial, esos tres son valores atípicos; la mayoría de las autocracias, incluidas Camboya, China, Egipto, Etiopía, Irán, Myanmar y Rusia, se han vuelto considerablemente más represivas.
La euforia que acompañó a la arrebatadora expansión de la democracia desde mediados de la década de 1970 hasta los primeros años del siglo XXI —la “tercera ola” de democratización— parece ahora un recuerdo lejano. Unos pocos lugares, como Armenia, Bután, Colombia, Malasia, Moldavia y Taiwán, han experimentado avances notables en los últimos años, pero los avances democráticos genuinos han sido pocos y espaciados. El gobierno de Irán aplastó un levantamiento popular, el Movimiento Verde, en 2009 y otro, el movimiento Mujer, Vida, Libertad, en 2022. Todos los levantamientos de la Primavera Árabe fueron finalmente reprimidos excepto el de Túnez, donde una incipiente democracia estuvo tropezando hasta que el presidente tomó medidas para destituir al parlamento y al primer ministro en 2021. El mismo año, el ejército de Myanmar puso fin a un experimento de semidemocracia cuando anuló los resultados de las elecciones de 2020: el cierre del parlamento y la detención de altos funcionarios civiles hundieron a Myanmar en un conflicto sangriento.
¿Qué hizo que el mundo girara hacia la autocracia? La respuesta varía de un país a otro, pero destacan ciertos factores. Hasta cierto punto, una corrección del rumbo puede haber sido inevitable a medida que la democracia se extendió a muchos países que carecían de la base económica y las instituciones del Estado de derecho para controlar la corrupción y entregar un progreso sostenido. Sin embargo, esto no explica todos los casos de retroceso; algunos países muy pobres, como Liberia y Malawi, han logrado en gran medida mantener sus logros democráticos.
Otro elemento es la serie de golpes a su reputación que sufrió la democracia liberal en la primera década del siglo XXI. En primer lugar, la invasión estadounidense de Irak en 2003 empañó la idea de promover la democracia al vincularla con el uso del poder militar para forzar un cambio de régimen, con efectos desastrosos. Luego, solamente unos años después, una crisis financiera global desestabilizó a muchos gobiernos, incluidos los democráticos. Esto se había originado en Estados Unidos, una supuesta democracia modelo, cuando la industria hipotecaria del país se derrumbó después de una década de fracaso gubernamental para refrenar las prácticas predatorias.
No fueron solamente las democracias las que deshonraron su propia imagen; los actores iliberales también las ayudaron. China utilizó su creciente riqueza, propaganda, tecnología y mecanismos de influencia encubierta para promover su modelo de gobierno autoritario y atenuar el atractivo de las sociedades abiertas. El gobierno ruso actuó de manera similar para denigrar la democracia y desestabilizar las instituciones democráticas, por ejemplo, interviniendo en las elecciones. Después de asumir el cargo en 2010, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, creó una pseudodemocracia profundamente iliberal que atrajo a las fuerzas nacionalistas y antiinmigrantes de extrema derecha en todo el mundo.
Al principio, las redes sociales permitieron a los ciudadanos eludir el control de la información por parte de Estados autocráticos y organizarse para el cambio democrático. Aunque las plataformas en línea todavía se utilizan para estos fines, su rol positivo se ha visto eclipsado por el avance de medios autoritarios de vigilancia y represión digitales así como por los efectos polarizadores de los algoritmos de las redes sociales, que las autocracias pueden emplear para dividir y desmoralizar a las sociedades democráticas. La inteligencia artificial ahora está comenzando a favorecer estos esfuerzos.
El auge de la tecnología digital se unió a un conjunto creciente de tendencias globales que socavaron el apoyo popular a la democracia y crearon un terreno fértil para el surgimiento de partidos populistas iliberales. Los dramáticos aumentos en la desigualdad de ingresos tanto en las economías avanzadas como en las emergentes significaron un aumento vertiginoso de la riqueza para una pequeña fracción de las personas con mayores ingresos y estrés económico para gran parte de las clases medias y bajas, que se volvieron pesimistas sobre el futuro y cínicas sobre los partidos y los políticos que les habían fallado. Luego, la desigualdad alimentó la polarización política, que se intensificó aún más por el movimiento acelerado de personas, ideas y culturas diversas a través de las fronteras y por campañas por la igualdad racial y de género que alteraron jerarquías de estatus social establecidas por mucho tiempo. Para explotar la reacción pública, los políticos de muchas democracias avanzadas, particularmente en Europa y Estados Unidos, tildaron las grandes oleadas de inmigración como una amenaza a la salud económica, la estabilidad social y la identidad nacional. Su retórica distorsionó severamente la realidad, pero jugó con los temores de la gente.
Estas tendencias coincidieron con un cambio histórico en el poder global. De 1960 a 1990, la participación de Estados Unidos en la producción económica mundial disminuyó de dos quintas partes a cerca de una cuarta parte, donde permanece, y la participación de Europa se ha reducido desde 1960 a aproximadamente la mitad. En su punto más alto, a principios de la década de 1990, Japón representaba casi una quinta parte del PIB mundial; ahora su participación es apenas del tres por ciento. Mientras tanto, China ha ascendido hasta convertirse en la segunda economía más grande del mundo, ubicándose solo detrás de Estados Unidos, y la economía de la India ahora se está acercando a la de Alemania y Japón. China y Rusia han utilizado la corrupción, la coerción y la propaganda para influir y subvertir sociedades abiertas, y sus ejércitos han proyectado largas y alarmantes sombras en sus respectivos vecindarios. En resumen, mientras Beijing y Moscú (y Teherán) se abren camino a la fuerza para remodelar la política mundial, las democracias avanzadas, con su disminuida posición económica y geopolítica, tienen una mano debilitada y están actuando con cautela. El “momento unipolar” inmediatamente después de la Guerra Fría, cuando los autócratas tomaban decisiones políticas bajo la sombra del poder estadounidense, hace tiempo que pasó.
Luego está el factor humano. La moderación en el ejercicio del poder no es una tendencia natural. Esta es la razón por la que los redactores de la primera democracia constitucional, Estados Unidos, comprendieron la necesidad de controlar y equilibrar el poder, siguiendo el principio madisoniano de que “la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición”. “Si quieres poner a prueba el carácter de un hombre”, dice un aforismo, “dale poder”. Sin las trabas de fuertes barreras constitucionales, la mayoría de los hombres —y, como Sheikh Hasina y la primera ministra india Indira Gandhi antes que ella, algunas mujeres— que tienen la oportunidad, no pasan la prueba.
En las últimas dos décadas, se han eliminado limitaciones críticas al comportamiento humano. Los políticos ambiciosos han observado la retórica y los métodos que sus pares en el extranjero han utilizado para desmantelar la democracia, pieza por pieza. Estos aspirantes a autócratas han aprendido de ejemplos exitosos y han actuado siguiendo esas lecciones, envalentonados por la incapacidad de los actores nacionales e internacionales para frenarlos. Alguna vez la difusión de ideas políticas ayudó a fomentar las transiciones democráticas. Hoy, ella facilita el retroceso democrático.
Además, las constituciones restringen a los gobernantes solamente si se cumplen. Cuando estos documentos están integrados en normas, incentivos y expectativas, las violaciones son raras y tienden a fracasar porque actores poderosos surgen para reafirmar el orden constitucional tanto por convicción como por interés propio en sostener las reglas del juego. Pero cuando una severa polarización política genera una sensación de riesgo existencial —el temor de que perder una elección pueda significar la pérdida permanente del poder político e incluso del sustento y la libertad— estas dinámicas cambian. Un político con suficiente habilidad y voluntad para anular las normas constitucionales puede emprender la ruta a la autocracia.
Los autócratas de hoy llegan al poder principalmente a través de las urnas y permanecen en el poder manteniendo una fachada de elecciones competitivas. De los aproximadamente 30 países que han perdido sus democracias desde 2006, todos menos tres (los países golpistas del Sahel: Burkina Faso, Malí y Níger) han seguido este patrón. La celebración de votaciones les da a los autócratas una afirmación de la legitimidad, pero también los hace vulnerables. Las elecciones que organizan pueden ser profundamente injustas, pero el autócrata en el poder aún puede perder y verse obligado a dejar el cargo. Sin embargo, para restaurar la democracia a través de elecciones, los defensores internos de la democracia y sus partidarios en el extranjero deben ser capaces de identificar el populismo autoritario y comprender cómo este funciona.
En primer lugar, los populistas autoritarios pretenden defender “al pueblo” —la verdadera y virtuosa mayoría— contra un establishment corrupto que se ha apropiado del poder y lo ha explotado. En este relato, no solo hay políticas buenas y malas; hay gente buena y mala. Las élites gobernantes y sus aliados son inmorales y deben ser derrotados, incluso cuando algunos de esos aliados, especialmente en la comunidad empresarial, de manera oportunista se alinean con los populistas. Establecer una división tan marcada permite al contendiente populista reclamar un mandato para perseguir a sus oponentes y purgar el servicio público al llegar al poder. Recurrir a esa táctica explica otra característica clave: los populistas son antiinstitucionales. Menosprecian las instituciones económicas y políticas existentes, incluso la constitución misma, como estructuras putrefactas de una élite putrefacta. Luego desmantelan las salvaguardias institucionales y convierten el poder estatal en un arma.
A nivel social, los populistas rechazan el pluralismo. No ven ninguna necesidad de crear espacios para múltiples formas de pensamiento y crencias. El país tiene una identidad, y las personas que son diferentes —por su fe, ideología, origen nacional o identidad sexual— son desviadas y peligrosas. Deben ser vigiladas, controladas o eliminadas. Finalmente, el populismo es personalista y hegemónico. Dado que los líderes son los salvadores de sus países contra las fuerzas del mal, se les debe conceder un poder extraordinario y sin restricciones. Las elecciones ya no son instrumentos de responsabilidad y restricción política, sino más bien plebiscitos para revalidar a los líderes y sus monopolios políticos.
Inevitablemente, un régimen populista autoritario se vuelve intolerante, xenófobo y corrupto. Más que en su intolerancia —quizá incluso más que en su violación de las normas democráticas—, en esta corrupción, derivada de un sentido de privilegio moral para atiborrarse de recursos públicos, está su talón de Aquiles.
La clave para derrotar al populismo autoritario es exponer su vanidad, duplicidad y venalidad, mostrar que no es una defensa del pueblo sino un fraude al pueblo. Esto requiere informes independientes que revelen la corrupción. Requiere utilizar, siempre que sea posible, instituciones de contrapeso —organismos reguladores, agencias de auditoría, el Poder Judicial, la policía, la administración pública y, si hay una presencia significativa de la oposición, la legislatura— para revelar y limitar los abusos de la confianza pública. Elementos de la sociedad civil, como colegios de abogados, sindicatos, grupos estudiantiles y otras organizaciones profesionales y cívicas, pueden ser aliados importantes en esta causa. La resistencia es más efectiva cuando se moviliza tempranamente; cuanto más tiempo se aferran al poder los autoritarios populistas, más erosionan las limitaciones institucionales. Una de las razones por las que los partidos iliberales no subvirtieron por completo la democracia en Polonia o, al principio, en México, a diferencia de Hungría, Turquía o Venezuela, es que no obtuvieron mayorías suficientes en el parlamento o mediante votación directa para enmendar la constitución. Quedaba suficiente independencia judicial y de otras instituciones para limitar el deslizamiento autoritario. Esa restricción se eliminó en México, cuando el partido de López Obrador obtuvo suficientes escaños en el Congreso para impulsar un cambio constitucional.
Una vez que el proyecto autoritario conquista las instituciones del país, la resistencia desde dentro del Estado ya no es posible. Se requiere una movilización masiva para derrotarlo. El éxito es mucho más probable si el movimiento democrático es pacífico y opera dentro de límites institucionales legítimos. Las manifestaciones, huelgas y otras formas de resistencia civil no violenta pueden frenar o detener el descenso en el autoritarismo, o incluso obligar a un autócrata a huir, como se vio en Bangladesh en 2024 y en Ucrania después de las protestas de la Euromaidán de 2014. Pero la ruta más prometedora sigue siendo a través de las urnas. Repetidamente durante la última década, en países tan diversos como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Polonia, Senegal, Sri Lanka, Zambia y, sí, Estados Unidos, las elecciones democráticas y la aplicación de límites a los mandatos han restringido una deriva autoritaria. En la India, erosionaron el férreo control del gobernante Partido Bharatiya Janata sobre el parlamento, lo que podría disminuir la disposición del partido para abusar del poder y reprimir la disidencia. En Bielorrusia, Hungría, Turquía y Zimbabwe, las campañas de la oposición fracasaron, al no poder superar los obstáculos planteados por regímenes autoritarios arraigados para celebrar elecciones libres y justas. Pero el progreso que lograron es notable. En el caso de Bielorrusia, es probable que el candidato de la oposición a la presidencia haya ganado las elecciones de 2020, pero el dictador Alexander Lukashenko declaró resultados patentemente falsos.
La movilización de la oposición también ha funcionado en épocas anteriores. A nivel mundial, la tercera ola de democratización fue impulsada en parte por movimientos de oposición que superaron la represión y el fraude documentando sus victorias electorales mediante la tabulación independiente de votos en los colegios electorales y organizando protestas masivas. La primera “revolución de color” exitosa que logró una transición democrática después de unas elecciones disputadas se desarrolló en Filipinas en 1986, seguida por Serbia en 2000, Georgia en 2003, Ucrania en 2004-2005 y Kirguistán en 2005. En algunos otros casos, los autócratas gobernantes quedaron atónitos por sus derrotas electorales, pero aceptaron el resultado y cedieron el poder sin necesidad de protestas masivas.
Tanto las anteriores como las más recientes victorias electorales de la democracia comparten otras características importantes. Las fuerzas de la oposición se unieron detrás de una plataforma electoral única o, como ocurrió en Polonia, coordinaron sus campañas parlamentarias para evitar dividir el voto. En cada caso, el autoritario partido gobernante era muy impopular, estaba dividido internamente o ambas cosas. En algunos casos, la presión externa de las democracias liberales aumentó los costos de la represión y alentó las deserciones de la élite. Y la capacidad de los gobernantes para aferrarse al poder mediante el uso de flagrantes falsedades y fuerza aplastante se vio limitada por los medios de comunicación independientes, las divisiones dentro de las fuerzas de seguridad o la falta de voluntad de estas últimas para disparar contra su propio pueblo.
Las campañas exitosas contra los populistas autoritarios han compartido algunas estrategias básicas en sus mensajes. Elaboran amplios llamamientos políticos para movilizar la mayor base electoral posible, incluso cortejando a votantes que apoyaron al autócrata en el pasado. Buscan unificar el país, no dividirlo. Los populistas autoritarios prosperan y destacan en la polarización; sus oponentes democráticos deben socavar esa estrategia cínica. Deben mostrar empatía y humildad, dando la bienvenida a segmentos de la sociedad cultural, étnica e ideológicamente diversos para que se unan a la causa democrática. En Turquía, por ejemplo, las campañas electorales municipales sorprendentemente exitosas de la oposición en 2019 y 2024 siguieron una estrategia de “amor radical”: un rechazo explícito de la retórica de odio y división del gobernante Partido Justicia y Desarrollo. Además, los aspirantes demócratas deben denunciar los fracasos del actual presidente y poner en primer plano cuestiones que importan a los votantes comunes, como mejorar el desempeño económico del país, poner fin a la corrupción y brindar servicios que mejoren la vida de las personas. Sus campañas deberían recuperar el patriotismo, enfatizando el orgullo por la nación como una democracia. No deben ser severos sino más bien presentar una visión confiada en un futuro mejor. Tampoco deberían ser aburridos. Una campaña exitosa es aquella que está llena de creatividad, energía, pasión e incluso alegría. Finalmente, como ha insistido el politólogo Steven Fish, quienes buscan derrocar a un autócrata no pueden ser débiles. Deben proyectar convicción, con llamamientos contundentes a los intereses y valores de los votantes. Deben demostrar que el gobierno de un hombre fuerte no es la única forma de liderazgo fuerte.
El apoyo externo también es algo fundamental. Últimamente, sin embargo, las democracias liberales se han mantenido al margen mientras China y Rusia respaldan a autócratas que manipulan y aterrorizan su ruta hacia la victoria electoral, como Lukashenko en Bielorrusia en 2020, Emmerson Mnangagwa en Zimbabwe y Nicolás Maduro en Venezuela en 2024 o, en el caso de Pakistán, cuando el ejército impidió al ex primer ministro Imran Khan postularse para el parlamento en las elecciones de 2024. En medio de una competencia estratégica intensificada con un eje emergente de autocracias que incluye a China, Rusia e Irán, las democracias poderosas, en particular Estados Unidos y los principales países europeos, dudan en utilizar todas las herramientas diplomáticas, informativas y económicas a su disposición para apoyar el cambio democrático.
Para revertir la caída democrática global, las democracias liberales deben volver al juego. Se puso a prueba su determinación en Venezuela, cuando la oposición compiló recuentos oficiales de más del 80 % de los colegios electorales para demostrar que su candidato derrotó a Maduro de manera aplastante en las elecciones presidenciales de 2024. Con el respaldo de China, Rusia y Cuba, así como la lealtad del establishment militar y de seguridad del país, Maduro reprimió brutalmente las protestas que exigían que reconociera los resultados y transfiriese el poder de manera pacífica. Poner fin a la pesadilla autoritaria de Venezuela, que ya ha llevado a más de una quinta parte de la población, unos ocho millones de personas, a huir del país durante la última década, requería un intenso esfuerzo diplomático. No fue lo que ocurrió, dada la operación de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 en Venezuela que significó la captura y destitución de Nicolás Maduro. No hay duda de que el gobierno de Maduro fue profundamente autoritario, corrupto e ilegítimo, pero es probable que Estados Unidos haya violado el derecho internacional al intervenir por la fuerza en los asuntos internos de Venezuela y destituir a su líder político, creando enormes implicaciones para la comunidad internacional. Si no aplica una estrategia de cambio democrático sistémico en Venezuela, todo eso habrá sido en vano y habrá pagado un precio trágico en términos de precedentes internacionales y legitimidad internacional.
Los desafíos que enfrenta la democracia hoy son formidables. Los regímenes autoritarios han pasado a la ofensiva para desacreditar y desestabilizar las sociedades libres. Que lo hagan por tener miedo y tener preocupación por su propia legitimidad no hace que sus acciones sean menos peligrosas. Para empeorar las cosas, las autocracias hostiles actúan cada vez más de manera concertada en un eje pernicioso que tiene a China, Rusia e Irán en el centro, junto con Cuba, Corea del Norte y otros. Proteger la democracia contra tales fuerzas requerirá energía, agilidad y tenacidad. Las democracias liberales del mundo deben mejorar sus defensas externas y cooperar más estrechamente para mantener una margen económico, militar y tecnológico que niegue a los adversarios antidemocráticos el poder de dominar la política global y socavar a sus rivales.
Al mismo tiempo, como lo subrayan los recientes avances electorales de las fuerzas populistas extremistas tanto de derecha como de izquierda en Francia y Alemania, los líderes democráticos no pueden descuidar sus defensas internas. Tanto las democracias emergentes como las maduras necesitan estrategias para contrarrestar el canto de sirena del populismo iliberal. Incluso una democracia liberal antigua puede tornarse hacia la autocracia si su gobierno no aplica políticas efectivas para combatir el crimen y el terrorismo, gestionar las fronteras nacionales, aliviar las divisiones sociales y garantizar un amplio acceso a las oportunidades económicas y la seguridad.
En su alcance global, las democracias liberales deben hacer frente a las campañas autoritarias de desinformación e influencia encubierta. Deben realizar inversiones mayores y mejor coordinadas en asistencia al desarrollo para fomentar el crecimiento económico y el Estado de derecho que convierta a los países en socios para la democracia en lugar de cautivos de la autocracia o de Estados fallidos. Y para ganar la guerra de las ideas, necesitan difundir valores democráticos, lecciones de éxito y fracaso y fuentes de información verdadera.
La posibilidad de una transición democrática no puede descartarse en ningún país. Las autocracias viven con el temor de que les suceda a ellas lo que les sucedió a los regímenes comunistas de partido único aparentemente inexpugnables a fines del siglo XX. En cualquier momento, la muerte de un líder o una crisis repentina pueden abrir una oportunidad para expulsar una autocracia atrincherada. Pero los defensores de la democracia pueden hacer más que simplemente esperar. Las elecciones competitivas, incluso cuando no son libres y justas, son eventos movilizadores cargados de oportunidades para el cambio. Cuando lleguen esos momentos, deben ser aprovechados no solo por los votantes sino también por otros países democráticos.
Antes de una elección, las democracias pueden proporcionar a los grupos de oposición el financiamiento y la capacitación que necesitan para realizar tabulaciones de votos paralelas. Pueden ayudar a los partidos políticos a organizar campañas más sustantivas y efectivas. Pueden proporcionar asistencia técnica y financiera a los órganos de gestión electoral. Pueden ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a identificar y contrarrestar la desinformación y la interferencia extranjera en las redes sociales. Pueden enviar observadores independientes durante la campaña, la votación y el conteo de votos para fortalecer los esfuerzos de monitoreo interno. Si la oposición gana y la autoridad incumbente se muestra reacia a dimitir, es posible que las democracias deban ofrecer concesiones al autócrata derrotado a cambio de aceptar los resultados y, potencialmente, ejercer una presión tajante sobre el régimen si se niega.
Cuando surjan oportunidades prometedoras para la democratización deberían atraer una atención internacional enfocada. Pero las agencias y redes que apoyan las transiciones democráticas también deberían estar atentas a las elecciones de los años venideros. En muchos países que se han alejado de la democracia o que aún no la han asegurado plenamente, los votantes seguirán enfrentando decisiones críticas en las urnas. Las elecciones otorgarán oportunidades para promover el progreso democrático en países como Armenia y Malasia; revertir el retroceso democrático en Botswana, Georgia, India, Indonesia, Mauricio, Mongolia, Filipinas y Serbia; lograr una democracia significativa en Gambia, Kenia, Nigeria, Pakistán y Tailandia; desalojar la autocracia en países donde a menudo se descarta esa posibilidad, como Zimbabwe, y, algún día, poner a los países desgarrados por el conflicto, como Etiopía y Sudán, en el camino hacia la paz y la rendición de cuentas política.
Los académicos y los formuladores de políticas comprenden lo que el politólogo Terry Karl alguna vez llamó “la falacia del electoralismo”. Una elección democrática es solo el comienzo. Sin una gobernanza honesta y eficaz, un organismo estatal calificado, sin Estado de derecho, un Poder Judicial independiente y una sociedad civil vigilante, la democracia no generará el crecimiento económico, la infraestructura física, los servicios sociales, la salud pública, los derechos humanos y la seguridad que esperan sus votantes. Ayudar a los gobiernos elegidos democráticamente a tener acceso al financiamiento, la inversión, la capacitación y la asistencia directa que necesitan para servir a su pueblo de manera efectiva sigue siendo una tarea vital de las agencias oficiales de ayuda, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y de las fundaciones privadas.
Después de dos décadas de retroceso democrático, la situación ahora debe cambiar. Las elecciones competitivas no son el final de la historia, pero proporcionan las oportunidades más prometedoras y abundantes para avanzar políticamente en una dirección positiva. Una estrategia concertada de compromiso internacional para apoyar elecciones libres podría frenar el avance del populismo iliberal, fortalecer las sociedades civiles, ayudar a restaurar la vitalidad democrática en países cruciales y producir la mayor cosecha de transiciones democráticas desde que comenzó la recesión democrática global. Una vez que la democracia recupere su impulso, incluso las dictaduras arraigadas estarán bajo presión. La alternativa es una continua deriva autoritaria hacia un mundo de creciente polarización, represión, conflicto y violencia. Un mundo dominado por China, Rusia, Irán y autocracias menores que no están cargadas de preocupaciones por los derechos humanos y el Estado de derecho. Un mundo hostil a los intereses y valores no solamente de Estados Unidos sino de los pueblos amantes de la libertad en cualquier lugar. Las elecciones son oportunidades para defender y renovar la democracia. No deben ser desperdiciadas.
Imagen de portada: Protestas de 2024 en Bangladesh contra el régimen de Sheikh Hasina.
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Artículo aparecido en Foreign Affairs, a fines de 2024. Se traduce, ligeramente editado, con autorización de su autor. Traducción de Patricio Tapia.