Revista Santiago

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Uno de los grandes aportes del historiador alemán Reinhart Koselleck a la historia conceptual contemporánea es la idea de Sattelzeit. Literalmente se puede traducir como “período de montura”; con un poco más de refinamiento e imaginación (pero menos precisión) podría ser “tiempo de transición”.

Como sea, se trata del espacio temporal situado aproximadamente entre 1750 y 1850, en el cual se formaron, en su contenido semántico actual, los conceptos sociopolíticos fundamentales de la modernidad. Democracia, dictadura, Ilustración, progreso, crisis, propiedad, sociedad, libertad, derechos fundamentales, clase social y revolución, entre varios otros, son los conceptos que en ese período construyen sus capas de sentido. No es que estos términos no existieran antes; es que ahora empiezan a curtir la piel de las nuevas experiencias históricas. Desde entonces forman la montura sobre la cual nuestras prácticas sociopolíticas pueden cabalgar.

La metáfora indica el instante en que la modernidad no solamente se hace consciente de sí misma por medio de sus autodescripciones, sino también el momento en el cual crecen, se forman y consolidan estructuras políticas, jurídicas y económicas, cuyos correlatos significativos forman una fuerte unidad con las operaciones concretas que instituciones y actores llevan a cabo para satisfacer sus expectativas.

El Sattelzeit nos dio las herramientas para comprender lo que hacíamos: desarmar un orden social basado en la estratificación, la de dioses, héroes y reyes, que tenía siglos de existencia, para reemplazarlo por una arquitectura altamente improbable de autonomías, igualdades y libertades de individuos que vivían en (y no podían escapar de) este mundo. A este orden lo llamamos modernidad, el horizonte de esperanzas, paradojas y contradicciones que nos acompaña desde hace al menos 200 años.

Pero sería un error asumir que todo está dicho. Avanzado el siglo XXI, se han formado nuevas estructuras sociales y técnicas que abren nuevas experiencias y expectativas, a veces suplementarias al Sattelzeit clásico y otras contrarias a él. Hablamos de experiencias y expectativas que, como en el pasado, se condensan en nuevos conceptos sociopolíticos. Pues bien, el concepto de iliberalismo es parte de esa nueva semántica. Unida de manera íntima a la democracia liberal, la idea de iliberalismo no habría surgido sin la historia de éxitos y también de incompletitudes de ella. Por esto alcanzó notoriedad en décadas recientes, luego de más de un siglo de ensayos y errores democráticos. El concepto pertenece a una nueva familia semántica que surge en la modernidad global, digital y acelerada con contenidos críticos a la expansión liberal y que, a nuestro juicio, designa principalmente una operación concreta, no solo discursiva o semántica, sino jurídica, ejecutiva o de facto, de desmantelamiento institucional de los fundamentos de la democracia liberal.

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El concepto de iliberalismo arranca como constatación de una diferencia cultural. En 1995 Daniel Bell, en Towards Illiberal Democracy in Pacific Asia, formulaba el problema en relación con sociedades asiáticas en las que una adopción parcial de ciertos componentes de la democracia liberal, como las elecciones, podía escenificar un orden democrático en el que los fundamentos sustantivos e institucionales liberales estaban ausentes. Bajo esas condiciones, específicamente el procedimiento de elecciones funcionaba más bien como una forma de legitimación de proyectos autoritarios, tradicionalistas, religiosos o culturalmente excluyentes, para los que la separación de poderes y los derechos fundamentales, bases de la democracia liberal occidental, eran relatos esotéricos de tierras lejanas.

En su popular artículo de 1997, The Rise of Illiberal Democracy, Fareed Zakaria consolidó este diagnóstico al advertir la existencia de regímenes que combinaban procedimientos democráticos con prácticas iliberales. Pero en ello cabía demasiado: la ambición de un dictador, el carisma de un caudillo de balcón, el fanatismo de un teócrata, el culturalismo del cacique tribal, el patrimonialismo de la tradición, el tecnocratismo del burócrata, incluso la utopía de la emancipación revolucionaria. La cuestión propiamente operativa no era explorada; no se indagaba cómo los principios iliberales se imponían sobre los liberales, qué déficits políticos o motivacionales de la democracia liberal hacían posible esa deriva y si la coexistencia entre democracia e iliberalismo podía estabilizarse como un orden político, aunque fuese precario, o si tendía a desembocar en autoritarismo o populismo.

En años recientes, el debate sobre el iliberalismo se ha desplazado hacia una comprensión más analítica del fenómeno. Se propone reconocerlo como una ideología delgada o como una democracia de baja intensidad en la que existen formalidades democráticas, pero en las que el orden social es dominado por élites, con participación popular limitada y con tolerancia hacia prácticas autoritarias. Pero si el concepto de iliberalismo designa una experiencia y una expectativa distinta en la praxis política contemporánea, entonces es preciso encontrar su función. El concepto debe especificarse. No puede únicamente indicar estados opuestos: por un lado la democracia liberal, por otro el iliberalismo; tiene que reflejar una operación política específica.

El punto clave parece ser el siguiente: si la democracia liberal tiene un núcleo sustantivo-procedimental caracterizado por la división de poderes, los derechos fundamentales y el procedimiento de elecciones y alternancia en el poder, entonces el concepto de iliberalismo puede indicar una acción concreta jurídica, ejecutiva o de facto orientada a erosionar o eliminar alguno de esos componentes.

En tal sentido, tampoco podría pensarse que países como Rusia, China, buena parte de Asia, África y Medio Oriente, sean “regímenes iliberales”, porque no hay ahí una tradición histórica o instituciones liberales consolidadas que descomponer. Además, para regímenes de ese tipo, el Sattelzeit clásico entregó buenos conceptos aún vigentes: totalitarismo, autoritarismo, neopatrimonialismo, teocracia, dictadura militar y partido único, entre otros. El iliberalismo, por el contrario, presupone al liberalismo; se encuentra en un vínculo sobre todo interno con él.

Los ejemplos actuales más claros de una descomposición incremental del núcleo sustantivo-procedimental de la democracia liberal bajo acciones iliberales concretas y acumulativas han sido los gobiernos de Viktor Orbán y Nayib Bukele.

Si la atribución de iliberalismo se generaliza a cada guiño conservador, populista o identitario, a cada demanda por autoridad y uso de la fuerza legítima, a cada actitud de indiferencia por lo público, la crítica liberal corre el riesgo de negarse a sí misma, pues al insistir en el carácter iliberal de los demás, adopta una postura incompatible con la apertura democrática que defiende.

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Desde 2010, el gobierno de Orbán avanzó en una reorganización progresiva del orden institucional húngaro. Ese año creó la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones, y promovió un conjunto de normas para el control de la libertad de prensa. Al año siguiente modificó el sistema electoral de modo favorable a las fuerzas oficialistas. En paralelo, impulsó la Nueva Ley Fundamental, la cual debilitó la separación de poderes e intervino el Tribunal Constitucional, reduciendo los contrapesos al Ejecutivo. A ello se sumó una creciente intervención del poder judicial a través de sanciones, nombramientos, traslados y ascensos de jueces utilizados como mecanismos de control. En julio de 2018 pronunció su famoso discurso en la Universidad Libre de Verano y Campamento de Estudiantes de Bálványos, en el que distinguía entre democracia liberal y el iliberalismo de su “cultura cristiana”. En 2023, la Decimosegunda enmienda constitucional, formulada en nombre de la protección de la “cultura cristiana”, introdujo nuevas restricciones civiles que impactaron a comunidades LGBTIQ+ y a las manifestaciones públicas. Ese mismo giro se expresó en la creación de la Oficina de Protección de la Soberanía, con atribuciones para investigar y sancionar a actores sospechosos de responder a intereses extranjeros a cambio de financiamiento o influencia. Esta deriva se consolidó en 2025 con la Decimoquinta enmienda a la Ley Fundamental, dirigida contra principios centrales de derechos humanos.

Sin embargo, en 2026, un pilar de la democracia liberal aún en pie, el procedimiento de elecciones y alternancia en el poder, sacó al gobierno de Orbán de su desenfrenada espiral iliberal. Lo que sucederá ahora será una nueva narración posdemocrática.

La otra historia: el gobierno de Nayib Bukele se inició el 1 de junio de 2019 bajo una narrativa de ruptura con el viejo sistema partidario salvadoreño. En su primera etapa, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, no controlaban la Asamblea Legislativa, pero aún sin ella, el gobierno comenzó a desplegar su política de seguridad por medio de decisiones del Ejecutivo. El Plan Control Territorial, iniciado el 20 de junio de 2019, implicó una creciente militarización de la seguridad pública, un endurecimiento del sistema penitenciario y una escenificación comunicacional de control carcelario como señal de autoridad. Desde febrero de 2021, ahora con una Asamblea a su favor, las reformas institucionales avanzaron sobre los contrapesos propios de la democracia liberal. El primer objetivo fue la división de poderes: en mayo de 2021 fueron destituidos magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general. Luego, en agosto, el Decreto no. 144 removió a una parte significativa de la judicatura, mientras la nueva Corte Suprema incorporaba jueces afines al gobierno. En septiembre, la Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata, abriendo el camino para la candidatura de Bukele en 2024. Tras un fin de semana de extrema violencia en marzo de 2022, la Asamblea declaró un estado de excepción nacional mediante el Decreto no. 333, suspendiendo garantías constitucionales. Esa medida se transformó, desde entonces, en un dispositivo permanente de gobierno. De modo semejante a Hungría, el control sobre la sociedad civil en El Salvador adoptó la forma de una legislación contra los llamados “agentes extranjeros”. Pero el momento cúlmine llegó con la reforma constitucional aprobada a fines de julio de 2025, que habilitó la reelección indefinida del presidente: extendió el mandato de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y sincronizó las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Como resultado, la próxima elección salvadoreña quedó fijada para el 1 de junio de 2027, adelantándose respecto del calendario originalmente previsto para 2029.

¿Podrá, en este caso, el último pilar de la democracia liberal, el procedimiento de elecciones y alternancia en el poder, hacer lo que hizo en Hungría? Por ahora parece difícil.

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Considerando estos casos, parece más apropiado pensar que cada decisión tomada en contra de los fundamentos de la democracia liberal —es decir, contra la división de poderes, los derechos fundamentales y el procedimiento de elecciones y alternancia en el poder— es una acción política iliberal que tiene en perspectiva la descomposición de aquella bajo justificaciones instrumentales (seguridad, eficiencia, limpieza de corrupción), doctrinarias (restauración moral, pureza nacional, supremacía civilizacional) o ambas.

La ventaja de esta forma de comprender el iliberalismo es que no exige decidir de inmediato sobre el carácter de un régimen político. Más bien, permite observar qué dimensión de la democracia liberal está siendo intervenida: la división de poderes, la competencia electoral, la autonomía judicial, la libertad de prensa, los derechos fundamentales, la posibilidad misma de alternancia. El rendimiento político de esto consiste en lograr identificar la secuencia institucional de su transformación, precisamente para reforzar lo que se muestra débil.

En tal sentido, no existe un régimen iliberal, existen medidas iliberales que pavimentan e institucionalizan la transformación de una democracia liberal en un orden sociopolítico autocrático, autoritario o eventualmente totalitario. El iliberalismo, por tanto, no debiese confundirse con una política simplemente conservadora, tampoco con propuestas populistas o populares, ni con la praxis particularista de la política de la identidad, aun en versiones radicales. Si la democracia liberal ha subsistido por largo tiempo no es porque haya reprimido a sus antagonistas, sino porque les ha dado espacio para expresarse, para organizarse en movimientos y partidos políticos, e incluso para gobernar. Si la atribución de iliberalismo se generaliza a cada guiño conservador, populista o identitario, a cada demanda por autoridad y uso de la fuerza legítima, a cada actitud de indiferencia por lo público, la crítica liberal corre el riesgo de negarse a sí misma, pues al insistir en el carácter iliberal de los demás, adopta una postura incompatible con la apertura democrática que defiende.

El iliberalismo tiene que poder probarse operativamente, y tiene que hacerlo por medio de la decisión institucional (jurídica, ejecutiva o de facto), no en la retórica grandilocuente, en la prédica mística del púlpito físico o digital, o en el discurso agonista. Para estos casos, el Sattelzeit del siglo XXI también ha comenzado a distinguir otros conceptos.

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Iliberalismo es uno de los conceptos, entre varios otros, que se forman en el nuevo Sattelzeit. Por supuesto, los grandes conceptos de la tradición persisten y, seguramente, también adquieren nuevos significados. Sin embargo, en el contexto de una modernidad global con estrechas interdependencias, con redes y medios digitales inmediatos e interactivos, y con una sensibilidad política acelerada y oscilante, ya no es posible distinguir simplemente entre democracia y dictadura, entre liberalismo y autoritarismo, o entre liberalismo y conservadurismo.

El vocabulario político del siglo XXI se ha visto obligado a formular categorías intermedias, procesuales y ambiguas, capaces de describir experiencias y expectativas fluidas, algunas veces híbridas, articuladas en un equilibrio inestable que, paradójicamente, constituye la base de su estabilidad. Se trata de dinámicas inciertas en trayectoria y destinos que, en órdenes sociales occidentales, cuestionan la democracia liberal, pero que no abandonan abruptamente sus instituciones.

Por eso, conceptos del nuevo Sattelzeit, como posdemocracia, posliberalismo, democracia de baja intensidad, autocratización, tecnopopulismo, legalismo autocrático, captura institucional o autoritarismo competitivo, adquieren cada día más notoriedad. Todos ellos indican que la transformación rara vez comienza como ruptura frontal. Más bien avanza como una secuencia de decisiones que modifican las condiciones de posibilidad de una democracia liberal y que, en ocasiones, se estabilizan como un orden político al borde del colapso.