Revista Santiago

Quienes consideren defendible el recorte de más de 51 mil millones de pesos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dirán que se trata de responsabilidad fiscal. Dirán que el país debe ordenar sus cuentas, que todos los sectores deben contribuir al esfuerzo, que no hay espacio para gastos prescindibles. Dirán, en suma, que no hay aquí una visión sobre la cultura, sino apenas una necesidad administrativa.

Pero, para bien de la discusión pública, conviene mirar más a fondo.

Un recorte de esa magnitud nunca habla solo de caja fiscal. Habla también de prioridades. Dice qué se protege, qué se posterga y qué se considera sacrificable cuando llega el momento de ajustar. En este caso, la decisión afecta fondos para el libro, la música, el cine, las artes escénicas, el patrimonio, la infraestructura cultural, las instituciones, la ciudadanía y distintos programas de acceso a la lectura. La señal resulta difícil de disimular. La cultura queda situada en un lugar secundario para el desarrollo económico, para el bienestar de las comunidades y para el país que se quiere construir, no solo en el presente, también hacia el futuro.

Conviene detenerse en esa premisa. Si la cultura puede reducirse de ese modo, es porque se la piensa como un complemento del desarrollo y no como una de sus condiciones. Algo que acompaña la vida en común cuando las necesidades principales ya han sido resueltas. Un aderezo. Uso esa palabra deliberadamente. En 2005, durante la inauguración de la Biblioteca de Santiago, el entonces presidente Ricardo Lagos sostuvo que “los bienes culturales no constituyen algo menor ni una especie de aderezo al tipo de desarrollo que tenemos”. Añadió que el desarrollo que Chile debía construir hacía de la cultura “un centro”. La frase conserva vigencia porque formula una distinción que el debate actual parece haber perdido: la cultura no viene después del desarrollo, sino que participa en su definición.

Un país no se desarrolla solo porque mejora ciertos indicadores materiales. También se desarrolla cuando amplía el acceso al conocimiento, fortalece sus bibliotecas, conserva sus archivos, cuida su patrimonio, financia la creación artística, forma públicos y permite que sus ciudadanos participen de una vida común más amplia que la simple administración de las necesidades más básicas. La cultura, quizá, no resuelve por sí sola los problemas de vivienda, seguridad, salud o empleo. Pero ninguna sociedad se vuelve plenamente habitable si renuncia a producir memoria, lenguaje, imaginación pública y sentido compartido. Por eso la cultura es un derecho humano reconocido internacionalmente, aunque demasiadas veces el Estado la trate como el más olvidable de todos.

La responsabilidad fiscal importa, por supuesto. Pero no puede funcionar como un lenguaje neutro, ajeno a toda ideología, para encubrir una decisión política. Si el gobierno cree que la cultura debe ocupar un lugar secundario en el desarrollo del país, debería decirlo sin rodeos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? No solo son bienes simbólicos. Las industrias culturales y creativas representan el 3,1 % del PIB mundial y el 6,2 % del empleo mundial, según la Unesco. La economista Mariana Mazzucato (2025) ha insistido en un punto decisivo para esta discusión, ya que el problema no radica únicamente en que la cultura reciba menos recursos, sino en que suele evaluarse con métricas demasiado estrechas. Se la mide como costo inmediato, no como inversión capaz de producir valor público, cohesión social, innovación y capacidades colectivas. Vista así, la inversión cultural forma parte de estrategias de desarrollo que inciden en la calidad de vida, la educación, el turismo, el bienestar y la proyección internacional. La cultura produce valor. También produce confianza, pertenencia y formas de cooperación sin las cuales ninguna sociedad sostiene un proyecto común.

Chile debería saberlo. Buena parte de su reconocimiento internacional proviene de su literatura, su música, su cine, sus artes visuales y su patrimonio. Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Jorge Edwards, Raúl Ruiz, José Donoso, Patricio Guzmán, Paz Errázuriz, Diamela Eltit, Roberto Bolaño, Cecilia Vicuña, Alfredo Jaar, Lotty Rosenfeld, Isabel Allende o Pedro Lemebel no son adornos de la historia nacional. Ellas y ellos han contribuido a la forma en que el país se ha pensado a sí mismo y ha sido leído fuera de sus fronteras.

Un recorte en la cultura no se mide solo en números. Detrás de esa cifra hay personas, colectivos, instituciones; puede haber una película que no se realiza, un libro que no circula, una obra que no llega a regiones, una biblioteca que reduce sus programas, un archivo que posterga su conservación, un museo que cierra, una niña o un niño que lee menos, o una comunidad que pierde acceso a bienes culturales que el mercado distribuye de manera desigual. El efecto inmediato puede parecer administrativamente razonable; el costo social aparece en poco tiempo y sus efectos pueden ser irreparables.

¿Qué pensarán Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, de estos recortes? Ambos conocen el sector que hoy les corresponde dirigir a nivel público. Saben que un recorte de esta magnitud no cae sobre una abstracción llamada “cultura”, sino sobre instituciones, fondos, trabajadores, artistas, artesanos, creadores, audiencias, archivos, museos, bibliotecas y proyectos concretos.

La responsabilidad fiscal importa, por supuesto. Pero no puede funcionar como un lenguaje neutro, ajeno a toda ideología, para encubrir una decisión política. Si el gobierno cree que la cultura debe ocupar un lugar secundario en el desarrollo del país, debería decirlo sin rodeos.

Para el gobierno, la cultura puede esperar. Sin embargo, una sociedad que posterga sistemáticamente su vida cultural no está simplemente ajustando el cinturón. Debilita las condiciones que le permiten imaginarse a sí misma, recordar lo que ha sido y pensar lo que podría llegar a ser. Esa es la pobreza de fondo de esta decisión. Confunde austeridad con desarrollo y trata como aderezo aquello que tiene la capacidad real de sostener la vida democrática, producir valor público y ampliar las condiciones mismas del crecimiento económico.