La frontera invisible

Así como las reglas del tránsito no acaban con los accidentes, sería equivocado presumir que un nuevo cuerpo de reglas constitucionales acabará con las inequidades en la sociedad, instantáneamente. No obstante, aquellas reglas escritas podrían contribuir a reducirlas y hacerlas menos dolorosas, siempre y cuando sean armónicas y estén bien direccionadas. Para ello –dice el autor de este ensayo– es fundamental organizar el poder de manera diferente –ojalá un modelo semipresidencial y con mayor participación ciudadana–, asumir la diversidad de un Estado plurinacional y, sobre todo, hacer realidad el principio de la justicia distributiva acuñado por John Rawls.

por Claudio Fuentes S. I 7 Enero 2021

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La frontera invisible de Chile está en la Plaza Italia, ahora renombrada como Plaza de la Dignidad. Aquello no es casualidad. Durante el siglo XX progresivamente fue transfor­mándose en la línea divisoria entre el barrio alto y el bajo. Siempre ha sido considerada una frontera, un punto desde donde se observaba La Chimba y el afrancesado Parque Forestal. Debemos reconocer que el estatus social –aquel elusivo concepto que mezcla el capital cultural, social y económico que acumulas– está marcado por un hito geográfico que divide al país. Un silencioso militar a caballo se encarga de custodiar aquella frontera con la mirada puesta en el poniente.

¿Pero qué hay al poniente?

Si en el oriente hay árboles, librerías, teatros, ga­lerías, malls y muchísimas clínicas y farmacias, en el poniente destaca su aridez, las casas apiladas, el polvo y la sequedad. Veamos algunas cifras. Un estudio del Observatorio de Ciudades de la PUC mostraba hace un año que mientras Lo Espejo, Renca y El Bosque tenían un porcentaje de vegetación que no superaba el 27%, en comunas como Las Condes, Ñuñoa, Vitacura y Providencia la extensión verde superaba el 70%. Lo anterior se agrava al constatar que la mayor parte de estas áreas verdes en las ciudades son privadas.

En el año 2017, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes informaba que en la Región Metropolitana, de los 181 espacios culturales, el 57% se concentraba en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Vita­cura, Las Condes y Lo Barnechea. Ni qué decir de los problemas de salud, como la obesidad que se incre­menta entre personas de nivel socioeconómico bajo, con las consiguientes consecuencias en enfermedades como la diabetes, que entre personas de nivel bajo es significativamente más relevante que entre aquellas de nivel alto. Lo anterior se reproduce si compara­mos la Región Metropolitana con regiones respecto de accesibilidad a salud, cultura o una diversidad de dimensiones de la calidad de vida.

Esta brecha en el acceso a una mejor calidad de vida no es abstracta o producto de una sesuda reflexión intelectual. Ella se expresa cada día, cotidianamente, al recorrer la ciudad, visitar un mall, sacar un núme­ro en un consultorio o refugiarse en la pieza calurosa de una casa pareada y enrejada. También se expresa en un poblado o ciudad alejada de la capital, donde no hay especialistas en áreas críticas de la salud o no existe acceso a cuestiones tan básicas como una librería, un teatro o incluso una plaza con juegos infantiles.

Pero la desigualdad siempre ha existido. La fron­tera de Plaza Italia nos ha acompañado por décadas. ¿Qué sucedió entonces? La línea divisoria se fue ha­ciendo cada vez más visible cuando el precio de los remedios y los pollos resultó estar arreglado; cuando se coludieron las empresas que vendían papel higié­nico, o cuando, producto de escándalos de la política, enviaban a los empresarios a clases de ética. “Leván­tense más temprano”, exclamaba un ministro. “Alé­grese de que bajaron las flores”, gesticulaba otro con ironía. Entonces, no fue la desigualdad per se la que fue despertando a la ciudadanía, sino que la constatación –cada vez más palpable– de que ha­bía quienes abusaban de su privilegiada posición en la sociedad.

El sueño del modelo chileno era el siguiente: si usted se levantaba tem­prano, trabajaba desde el alba hasta el anochecer, lograba que sus hijos es­tudiaran y ahorraba lo suficiente para la vejez, podría alcanzar un buen vivir. Eso sí, no debía en­fermarse ni perder el em­pleo ni sus hijos perder un año de universidad ni hacerse cargo de sus padres, pues todo aquello desestructuraría su buen pasar. Y como en su tra­yectoria de vida algo de lo anterior ocurriría, la única posibilidad era ampliar su línea de crédito y poco a poco comenzar a gastar más de lo que recibía. Hacia fines de abril del 2020 se informaba que un nuevo récord se alcanzaba en Chile: la deuda de hogares alcanzaba el 75% de los ingresos, los que se destinaban a pagar créditos hipotecarios y de consumo.

A la suma de percepciones de abuso y el agobio de la deuda, se sumó otro factor no menor, y es que ninguna institución o líder político o empresarial ha­cía nada por cambiar las cosas. La Iglesia Católica, que en el pasado cobijaba a los pobres y desamparados, se encontraba subsumida en una crisis ética de propor­ciones y desapareció de la esfera social. Los líderes empresariales perdían prestigio al ser denunciados por un sinnúmero de colusiones. Y los partidos polí­ticos se encontraban totalmente apartados de los te­rritorios, cada vez más encapsulados en sus lógicas de poder. Habría que decir también que la fisonomía del poder mismo se había alterado en las últimas décadas, tornándose más parecido a un club privado concurri­do principal, aunque no únicamente, por hombres, con educación universitaria, de la Región Metropolitana y de colegios particulares pagados (ver el estudio de Ro­drigo Cordero, titulado “La composición social de la nueva Cámara de Diputados. Cambios y continuidades en perspectiva histórica (1961-2010)”).

Si imaginamos un país distinto, ¿cuál sería? La respuesta instintiva podría parecerse a esos discursos y programas que se repiten en cada elección: un país con más justicia, mayores oportunidades, mayor protección por parte del Estado, mejor educa­ción, trabajo, salud, pen­siones y una larga lista de etcéteras.

Pero aquí me deten­dré a reflexionar sobre algunos aspectos más estructurales, y por lo mismo, más sustanti­vos, de lo que nos or­ganiza como sociedad. Pienso que existen cier­tas cuestiones esencia­les a la hora de redefinir el magro pacto políti­co-social (si es que exis­te alguno), y que requie­ren ser explicitadas.

La primera cues­tión es el principio de justicia social, que en mi opinión debiese formar parte del nuevo pacto constitucional. Al compartir un espacio y un vínculo histórico, toda sociedad requiere establecer un orden social justo, y esto es particularmente relevante en sociedades que se han construido a partir de fuertes inequidades de poder. Sigo aquí el pensamiento de Rawls, quien plantea que en una sociedad todas las personas de­ben tener igual derecho a ciertas libertades básicas, pero, al mismo tiempo, cuando existen desigualdades económicas o sociales, ellas deben resolverse para be­neficiar a los menos aventajados de dicha comunidad. De lo anterior se deriva el principio de la justicia dis­tributiva y que se vincula con un elemento básico de equidad en las relaciones sociales.

Se necesita equilibrar la relación Ejecutivo-Legislativo, para permitir que sean las grandes mayorías quienes gobiernen. Se podría, por ejemplo, establecer un sistema semipresidencial, que posibilitaría resolver uno de los problemas centrales del presidencialismo: que no cuenta con mecanismos para destrabar conflictos cuando no posee mayorías legislativas para gobernar.

Si como sociedad aceptáramos que es intolerable convivir en condiciones de desigualdad, por cuanto no permite el desarrollo de las libertades de todos los individuos, entonces el Estado deberá propiciar condiciones para resolver aquellas diferencias de por sí injustas. De este modo, el primer paso para cons­truir una sociedad distinta es partir del predicamen­to de que es inadmisible que nuestro orden social sea inequitativo.

El segundo aspecto sustantivo es la aceptación de la diversidad étnico-cultural de nuestra comunidad. Lo anterior nos retrotrae al modo en que se fue construyendo territorial y culturalmente la actual concepción de “Chile”. El debate sobre el reconoci­miento de los pueblos originarios involucra aceptar la existencia de colectividades que eran preexistentes al Estado-nación de Chile, y que tienen su propia iden­tidad, concepciones culturales, formas de autodeterminación y autogobierno y territorios. Si se aceptara la concepción de un Estado plurinacional, estaríamos aceptando como comunidad que es posible convivir en la diferencia; aceptar que es posible construir una concepción moderna de Estado donde 10 pueblos es­tablecen un vínculo particular con el Estado de Chile.

La tercera dimensión crucial para imaginar un país distinto se asocia al modo en que se organiza el poder en la sociedad. Hoy tenemos una estructu­ra que considera un Estado unitario, centralizado, fuertemente presidencialista y donde la ciudadanía no cumple ninguna función, salvo concurrir volun­tariamente cada cuatro años a elegir representantes. En términos comparados, se trata de uno de los sis­temas políticos que más poderes concentra en torno al Presidente y uno de los que menos mecanismos de involucramiento ciudadano efectivo tiene en contex­tos democráticos.

Se necesita, entonces, redefinir la forma en que se distribuye el poder en la sociedad, permitiendo que la ciudadanía pueda definir ciertas cuestiones vitales. Se requeriría, por ejemplo, promover mecanismos de ac­ción colectiva desde abajo, como referéndums e inicia­tivas populares de ley. Pero al mismo tiempo, debiese promoverse un fortalecimiento de espacios de decisión local-territorial, como las juntas de vecinos, vinculán­dolos a la esfera municipal de modo más relevante. También debiese fortalecerse la estructura municipal y regional, para permitir una relación más justa y equita­tiva con el poder central.

Se necesita, además, equilibrar la relación Ejecu­tivo-Legislativo, para permitir que sean las grandes mayorías quienes efectivamente gobiernen. Se podría, por ejemplo, establecer un sistema semipresidencial, que posibilitaría resolver uno de los problemas cen­trales del presidencialismo, a saber: que no cuenta con mecanismos para destrabar conflictos cuando no po­see mayorías legislativas para gobernar. Un diseño de gobernanza democrática debiese estar enmarcado en un marco jurídico que diera estabilidad de largo plazo, pero que permitiese cierta flexibilidad para que las ma­yorías circunstanciales pudiesen propiciar reformas.

Si se cambiara la Constitución en la dirección in­dicada –con un acento en la justicia social, la diversidad y una redistribución de poder democrático–, ¿podrían resolverse los problemas del Chile actual? ¿Podría una nueva Constitución resolver cada uno de los problemas que enfrentamos hoy como sociedad?

La respuesta –evidente, por lo demás– es no. Así como las reglas del tránsito no acaban con los acciden­tes, sería equivocado presumir que un nuevo cuerpo de reglas constitucionales acabará con las inequida­des e injusticias en la sociedad, instantáneamente. No obstante, aquellas reglas escritas podrían contribuir a reducirlas, siempre y cuando sean armónicas y estén bien direccionadas. Una adecuada definición de roles del Estado, una idónea protección de derechos esen­ciales y un marco de distribución de poder coherente podrían ayudar a redefinir el marco de relaciones so­ciales prevaleciente hasta el día de hoy.

Pensemos en un solo ejemplo. La Constitución actual no define el derecho a la vivienda como parte de los derechos sociales. Supongamos que la Con­vención Constituyente define que por justicia social es necesario estipular que cada ciudadano y ciudada­na deba tener acceso a una vivienda digna. Lo an­terior implicaría que en la Constitución se definirían ciertos contornos de lo que significaría este derecho. Muy probablemente indicaría que una ley se encar­garía de definir las condiciones de la vivienda, esta­blecería ciertas limitaciones o regulaciones de uso de suelo y demarcaría algunos grupos específicos que podrían tener acceso preferente a este derecho (la tercera edad).

De este modo, la Constitución delinearía ciertos aspectos generales que orientarían la vida en común. Lo mismo sucedería respecto de los derechos de pue­blos originarios, el derecho a la salud, a la educación o respecto de la protección de los recursos naturales. Más evidente es el impacto de esta carta magna en la distribución (o, mejor dicho, redistribución) del poder político en términos nacionales, regionales, locales y de la propia ciudadanía.

Así, me gustaría imaginar una sociedad que se organice a partir de la justicia social y, por lo tanto, que un nuevo pacto social y político tienda de modo coherente y sistemático a la justicia distributiva. Un mundo que permita convivir en la diferencia y en donde la democracia se organice en torno a cierto balance que considere el poder de las mayorías. La nueva Constitución sin duda no eliminará aquella frontera invisible que nos divide, pero podría contri­buir a reducir, a hacer menos dolorosa y evidente su actual demarcación.