El Golpe es una suerte de aleph borgiano, donde todo confluye y se confunde. Es, acaso junto con la conmemoración de la Independencia, el único acontecimiento histórico que se continúa recordando sin perder un ápice de intensidad emocional y dramatismo. Pero allí donde el 18 de septiembre se hizo un símbolo de unidad entre el Estado, la nación y el pueblo, el 11 de septiembre carece de las características de acuerdo transversal: para unos se trata de una gesta; para otros, de una mancha de sangre, un funeral.

¿Qué es lo que cancela el golpe de Estado? ¿Contra qué estaban tan enojados Pinochet, Merino, Leigh y, en menor medida, Mendoza? ¿Cuál fue la verdadera motivación para que las Fuerzas Armadas se cortaran las cabezas y las repusieran por unos generales que, tras decenas de intentos sediciosos fracasados, terminaron dando un golpe de Estado brutal y violentísimo?

No fue un golpe de la CIA. No fue un golpe “neoliberal”. No fue un golpe contra un “ejército de 20 mil guerrilleros extranjeros”. Todas estas caricaturas, exageraciones y falacias han sido hegemónicas durante medio siglo, y es muy difícil plantearlas como lo que son: narraciones políticas para justificar, una y otra vez, lo sucedido tras el golpe de Estado.

La Unidad Popular fue un intento de transformación radical del sistema político y económico chileno, que aplicaba una receta que entonces se entendía, por buena parte de la izquierda, como un ejemplo de modernidad: el marxismo. Su meta no era oscura ni estaba escondida: era transferir la riqueza generada en Chile de una clase social, la burguesía, a otra, la clase trabajadora. No a “los pobres”. Pero esto no era el Hogar de Cristo. Su estrategia era única y no se había intentado antes: aquella transferencia se haría a través de los procesos democráticos vigentes, mediante reformas legales y constitucionales. En esto también tiende a haber una confusión: se equipara a la Unidad Popular con las socialdemocracias europeas que vinieron después.

De los cuatro grandes objetivos inmediatos con que entró a La Moneda en 1970, la UP obtuvo, para 1973, los cuatro: nacionalización de la banca, nacionalización de la gran minería del cobre, fin del latifundio y conformación de un área gigantesca de empresas estratégicas en manos del Estado. El problema es que, mientras las dos primeras se hicieron “por las buenas”, es decir, desde el punto de vista legal-constitucional, sin mácula, las dos segundas terminaron haciéndose “por las buenas y por las malas”, a través de ocupaciones de facto de campos e industrias, con cierta pátina de legalidad provista, en el primer caso, por la ley de reforma agraria y, en el segundo, por los famosos “resquicios legales”, siempre discutibles y discutidos, rodeados de violencia, caos y drama político.

La Unidad Popular, salvo en las elecciones municipales de abril de 1971, cuando alcanzó poco más de la mitad de las preferencias, gobernó siempre desde una posición de minoría. Es decir, no logró superar la maldición de la política chilena, de ser solamente un tercio del electorado, sin capacidad de formar alianza con alguno de los otros dos tercios. Pero había algo más, en lo que se repara poco, otra maldición de la izquierda y que reemergió recientemente en el proceso constitucional en el que fue derrotada en 2022, que es esta ilusión de considerar que representa una triada sagrada que tiene como vértices, e iguala, a la izquierda, al pueblo y a la nación. No me parece una herejía preguntarnos, hoy, qué tan popular fue la Unidad Popular. Por un lado, es indudable que sí representó al mundo de la pobreza urbana y a gran parte de los obreros industrializados, y a una parte no menos significativa de los mundos profesionales, técnicos y estudiantiles y, por supuesto, a la élite política y cultural de izquierda (el “progresismo”, diríamos hoy). Por otro, enfrentó el mismo problema que Lenin, Castro y todo lo que en ese entonces era el mundo marxista: ¿qué hacer con las capas medias y medias-bajas de la población? Aquellos pequenos negociantes, agricultores (“emprendedores”, se diría hoy) que no eran ricos ni conformaban la élite, pero que tenían un capital de trabajo propio. En Chile, la conformación de la clase media no se dio solamente a través de la ampliación de los puestos de trabajo en el Estado, ya sea en la burocracia, las Fuerzas Armadas, la judicatura o la docencia; había una tradición de pequenos capitalistas, administradores rurales, dueños de “medios de producción” acotados, comerciantes, feriantes, pequeños agricultores y mineros, etcétera, que también contribuyeron a la conformación de esta capa social, con raíces muy profundas y antiguas, que llegaban hasta la expansión económica posterior a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, allá en los años 30 del siglo XIX. No eran “la continuación” de las relaciones sociales coloniales, como ocurría con los inquilinos de latifundios, sino algo nuevo; trabajadores “autodependientes”, “hechos a sí mismos” para quienes el Estado era un ente lejano, un obstáculo, y cuyos proyectos de vida estaban más centrados en la autonomía individual que en la solidaridad obrera que todo proyecto marxista demandaba, y que, sin embargo, sin la construcción del Estado y de sus instituciones no hubieran existido. No eran necesariamente de derecha, pero sí antimarxistas vehementes. Lenin enfrentó este dilema —trabajadores antimarxistas— de inmediato, sobre todo en el campo ruso. No se hizo problemas: les puso un sobrenombre (“kulaks”) y los exterminó.

La Unidad Popular los aceptó retóricamente, pero el enfrentamiento fue rápido e inmediato. De los muchos procesos sediciosos que padeció Allende, uno de los más importantes fue el paro de octubre de 1972, protagonizado, justamente, por los duenos de camiones. Es cierto que en él hubo platas de la CIA. Pero es cierto, también, que el movimiento contó con un apoyo popular dado, a mi juicio, por esta condición irreconciliable: la igualdad radical y redistributiva del marxismo para ellos era la muerte. No en vano un dirigente de los camioneros adoptaba, por esos días, la retórica de ser “orgullosos rotos chilenos”, rescatando del baúl del siglo XIX esta palabra, “roto”, que lejos de ser un insulto, reflejaba el pacto social decimonónico entre la élite política y el pueblo guerrero, mestizo y orgulloso de ser parte de la construcción de la idea de Chile.

Si bien Allende ganó la mano —incorporando a los militares al gabinete—, después de octubre de 1972 el proyecto político de la Unidad Popular estaba herido de muerte porque no pudo superar esta contradicción. El problema es que nadie en la UP estuvo dispuesto a reconocerlo.

Por otra parte, estaba el Poder Popular, que si bien formalmente era un aliado del presidente aspiraba a superar el proyecto institucional del mandatario y controlar la acción del Estado a través de la movilización de masas. Esto significaba, en realidad, una oposición a la Unidad Popular; pero esta, asediada como estaba, no podía darse el lujo de abrir un frente en su propio lado izquierdo.

El Poder Popular era orgulloso, desafiante, agresivo y arrogante. Fue inteligente presionando sobre todo al gobierno, avanzó muchísimo: fue él, junto con cierto grado de corrupción en los cuadros de la UP, quien estaba detrás de la radicalización del proceso: tras las tomas ilegales de fábricas y campos; fue él quien, con su organización, impidió que el paro de octubre quebrara por completo el país. Su idea de superar al Estado burgués rápido, a través de la acción radical de las masas organizadas, era, sin embargo, la antítesis del proyecto de Allende.

La retórica del Poder Popular, amparado en sindicatos establecidos y espontáneos, en el MIR, en buena parte del PS, en la Izquierda Cristiana y en la mayoría del Mapu, fue su arma y, a la postre, su perdición. Porque en la medida en que se acercaba septiembre del 73, con su larga hilera de golpes fallidos, pequeños y grandes, comenzó a prevalecer la idea de que el Poder Popular era realmente poderoso, que contaba con armas y que podía quebrar a las Fuerzas Armadas, infiltrarlas y oponerse con “fierros” a las viejas y despreciadas instituciones republicanas. Aunque este “pueblo armado” distaba mucho de la realidad, es decir, no contaba con armas suficientes ni adecuadas para acometer semejante hazana, el Poder Popular, en vez de negar la falacia, la alimentó con retórica guerrera. Así, el fantasma de la guerra civil estaba, para septiembre de 1973, en boca de todo el mundo, y aunque no había posibilidad alguna de una oposición real al ejército por parte de la izquierda, esta idea permeó a los militares, los hizo temer y actuaron.

Matar la democracia (por burguesa o por ineficiente)

Salvador Allende sobrevivió por lo menos a 12 intentos sediciosos antes del 11 de septiembre de 1973. Los más importantes de ellos fueron el intento de golpe de octubre de 1970, ocurrido para impedir que el Congreso Pleno eligiera a Allende y que terminó con la muerte del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider; el ya mencionado “paro de octubre”, que fue un movimiento de la civilidad opositora, y el “tanquetazo” de julio de 1973, sofocado, entre otros, por el general Augusto Pinochet.

La visión hegemónica del Golpe ve en todos estos intentos una sola y larga continuidad. Es como si la bala disparada contra Schneider en 1970 atravesara lentamente los casi tres años del gobierno de Salvador Allende y llegara hasta él, por mano propia, el 11 de septiembre de 1973. Esto no se puede negar del todo: la evidencia grita que se trató de un gobierno bajo un asedio sedicioso y destitutivo constante.

Sin embargo, una mirada más detenida a la evidencia obliga a hacerse algunas preguntas. ¿Por qué Allende fue electo, pese al golpe del 70, en el Congreso Pleno? ¿Cómo y por qué sobrevivió a los doce intentos previos, pequenos, medianos y grandes, al golpe final? ¿Por qué, en septiembre de 1973, el plan de defensa militar del gobierno es responsabilidad nada más y nada menos que de Augusto Pinochet?

Porque en esta conjura los brujos eran muchos y estaban desconectados entre sí. Y porque todos y cada uno de los 12 intentos fallidos, desde los complots enanos del general Alfredo “Macho” Canales, hasta el movimiento de oficiales y Patria y Libertad que estuvo detrás del “tanquetazo” del coronel Souper, fueron detenidos por el propio ejército y sus servicios de inteligencia. Es decir, no se puede afirmar, desde la evidencia, que hubiera, desde 1970, un “ejército sedicioso”. Por el contrario, bajo el mando de Carlos Prats la institución fue el candado del golpe militar, no el gatillo. ¿Eran marxistas los militares? Por supuesto que no. Pero hasta que asume Pinochet, a fines de agosto de 1973, y acaso hasta dos días antes del Golpe, por más presiones, pulsiones, bravuconadas, reuniones y amenazas que los generales más radicales formularan, ellos fueron relegados a un papel político ínfimo, sin posibilidad real de articular un golpe de Estado exitoso.

El momentum, la mecánica del golpe exitoso, fue muy rápido y, como todo, producto de ciertas condiciones políticas azarosas. Involucró, al mismo tiempo, varios “golpes” internos: el de Merino contra su jefe, el almirante Montero; el de Leigh —paradójicamente apoyado por Allende— contra su antecesor, el general Ruiz; uno contra Carlos Prats, y dos contra Pinochet mismo: los militares que no le entregaron la renuncia tras la humillación que le dieron a Prats, y el “apriete” que le hace el general Leigh, junto con los enviados del almirante Merino, en su propia casa, durante el cumpleaños de su hija menor, en una escena gangsteril en que poco faltó para que le pusieran la pistola en la cabeza. ¿Fue Pinochet víctima de las circunstancias? En varios modos sí, pero es difícil tenerle lástima: una vez que tomó la decisión de qué lado apoyar, olió muy bien la cuestión del poder y, a través del poder y la violencia, avanzó con todo.

El momentum, la mecánica del golpe exitoso, fue muy rápido y, como todo, producto de ciertas condiciones políticas azarosas. Involucró, al mismo tiempo, varios ‘golpes’ internos: el de Merino contra su jefe, el almirante Montero; el de Leigh —paradójicamente apoyado por Allende— contra su antecesor, el general Ruiz; uno contra Carlos Prats, y dos contra Pinochet mismo: los militares que no le entregaron la renuncia tras la humillación que le dieron a Prats, y el ‘apriete’ que le hace el general Leigh, junto con los enviados del almirante Merino, en su propia casa, durante el cumpleaños de su hija menor, en una escena gangsteril en que poco faltó para que le pusieran la pistola en la cabeza.

De modo que lo que se pone en marcha en Valparaíso, en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, es “la suma de todas las conspiraciones” solo en un sentido lírico; la evidencia cuenta otra historia: una de cambios tectónicos y muy rápidos en los equilibrios de poder de los cuerpos de generales en Carabineros y las Fuerzas Armadas, en directa relación con la imposibilidad de la “salida política” (el “golpe blando”), cerrada a fines de agosto, esto es, la incorporación de la Democracia Cristiana y de los militares al gobierno, a nivel de subsecretarías, que en la práctica era el fin de la UP.

Y es, pese, de nuevo, a la mitología y pese a su evidente ilegitimidad, brutalidad y violencia, un golpe destitutivo y restitutivo; no refundacional ni ideológico; planificado hasta por ahí no más. Y, sin embargo, no solo es un golpe “de los generales”, sino también “general”, porque no solo es contra Allende y los partidos marxistas, sino contra el sistema político y contra lo que el modelo desarrollista entendía por democracia. Los militares atacaron en la mañana, con armas, el Poder Ejecutivo; en la tarde, mediante una simple declaración en la prensa, clausuraron por 17 años la fuente primigenia del poder soberano chileno: el Congreso Nacional. Esto pudo haber sido, también, una maniobra de supervivencia: ningún poder, ni el de sus partidarios, se les opondría.

Es entendible que se le asigne, por este motivo, al golpe de Estado un objetivo ulterior: la consagración del “neoliberalismo”. Pero si somos fieles a la evidencia y a los propios discursos de los generales, todo el “proyecto político” militar, en esa manana y en esa tarde, se resumía en dos cosas: el exterminio de la izquierda chilena y el cierre “hasta nueva orden” de la democracia desarrollista. Esto último, la clausura democrática, era quizás el único punto en común con la izquierda: tanto los militares como el Poder Popular sostenían, paradójicamente, que la democracia chilena, ya sea por “burguesa” o por ineficiente, debía morir.

Los militares, llevados al poder por el golpe de los generales del 11 de septiembre de 1973, se tomaron su tiempo para armar un proyecto político de largo plazo, con una Constitución nueva, que consagraba, en versión chilena, lo que los militares brasilenos habían hecho ya en su país: un esqueleto de democracia en el que la soberanía popular debía pasar, siempre, por el filtro militar: un sistema con instituciones que recordaban los viejos hábitos democráticos, pero que respondían a las instituciones armadas y que eliminaban a la izquierda: una “ademocracia”, un remedo, un fantasma técnico que garantizaba estabilidad, pero ignoraba representatividad y participación.

Si en Chile el Estado, a través de sus instituciones, había sido el constructor de la nación chilena; los militares se veían a sí mismos como el corazón palpitante de ese Estado: el núcleo sobre el cual todo lo demás se construyó. Con una historia que se remontaba al siglo XVII, eran la única institución que antecedía a la república y sabían que sin ellos el concepto de Estado de Chile hubiera sido imposible. Esto fue lo que los motivó tanto al golpe de los generales —es decir, se negaban a tener “otra historia”, una en la que primaban las visiones “foráneas”, como decía Pinochet— como a la idea de que tenían derecho a conformar un sistema político de espaldas al pueblo. Porque ellos, sostenían, eran el verdadero pueblo en armas: ellos habían hecho el gasto de la construcción de la república, de la agregación de territorio; a ellos recurría la democracia cuando había problemas, a ellos había recurrido el propio Salvador Allende. El derrumbe de la democracia no importaba tanto porque, como el edificio que sobrevive a un terremoto, ellos mantenían una “conciencia de pueblo” que trascendía a la política, a la ideología y nada menos que al paso del tiempo: eran una suerte de iglesia laica.

Tradición golpista chilena

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende recibió la noticia del alzamiento en Valparaíso. A las 9 de la manana va a toda velocidad a La Moneda: no quiere que le ocurra lo de junio, cuando el “tanquetazo” lo sorprendió en su residencia y quedó cortado de la línea del poder, dependiendo de otros, condenado a emitir mensajes radiales.

Comienza emitiendo mensajes radiales. En los primeros, intenta enganar a Merino: le da a entender que el ejército se prepara para ir a Valparaíso y sojuzgarlo. Pero pronto los militares lanzan su primera proclama, firmada por Pinochet y Leigh —ambos nombrados por el presidente— y nada menos que por Merino, su enemigo máximo, en la que le piden la renuncia. Se da cuenta de que el Golpe es real, que, como le dijo Prats, no habrá regimientos leales, y que al final del día lo van a derrocar. La pregunta es cómo.

Los militares tienen dos misiones simultáneas. La primera y evidente es que, al caer la tarde, Allende no sea el presidente de Chile. La segunda, no menos importante, es que el presidente esté de acuerdo en renunciar. Esto es clave. La legitimidad de la Junta de Gobierno dependía de que existiera una continuidad jurídica en el mando de la nación. Esto no lo inventaron ellos. La tradición golpista chilena siempre había sido cuidadosa con las formas, desde la abdicación de O’Higgins, en 1823, y el siglo XX no estaba exento de ella. En septiembre de 1924 se constituyó un “comité militar” que le exigió al presidente Arturo Alessandri una serie de reformas: fue el resultado del famoso “ruido de sables”. Aunque obtuvieron todo lo que quisieron, los militares organizados no se disolvieron, como se los había solicitado el presidente. El presidente renunció, los militares no aceptaron la renuncia, pero sí un “permiso” para que el mandatario se ausentara del país. Así, también en un 11 de septiembre, se constituyó una Junta Militar que disolvió el Congreso, aunque técnicamente sin derrocar del todo al mandatario. En enero del año siguiente, una junta de oficiales jóvenes destituyó a la anterior; la demanda era el regreso de Alessandri a La Moneda. En 1932, para el golpe de la república socialista, el presidente Juan Esteban Montero fue obligado a renunciar, probablemente bajo amenaza de muerte, y terminó haciéndolo.

Es decir, es difícil situar a la Junta de Gobierno que se constituye en la manana del 11 de septiembre de 1973 completamente fuera de una tradición golpista chilena que siempre termina buscando elementos de legalidad para poder continuar, aunque fuera a través de la coacción. Por un lado, los golpistas solicitan ese “grano de legalidad” que les permita una esquina de legitimidad; por otro lado, hasta ese entonces, los mandatarios derrocados la concedían, ya sea por salvar el pellejo o porque era lo políticamente sensato de hacer.

Acá, alguna sorpresa. Sí, en 1973 había una “tradición golpista” de la que los socialistas mismos habían bebido en 1932. Pero la democracia que había llevado a Allende al poder había partido después del último golpe; realmente había comenzado en 1932, con el segundo gobierno de Arturo Alessandri, no sin amenazas, pero había sido exitosa en conjurar todos los intentos de derrocamiento, que no fueron pocos, y sostenía, tal como el mismo Allende lo reconoció en las Naciones Unidas, un valor muy importante en el hecho de que todos los presidentes habían llegado al término de sus mandatos constitucionales y habían hecho entrega del poder a sus sucesores.

Con todo, el libreto conocido, golpe y renuncia presidencial, no se cumplió. En cambio, lo que se obtuvo fue la destrucción física del palacio de gobierno y el suicidio del presidente Allende. En muchas maneras, esto fue un fracaso para los militares. Esa tarde no pudieron establecerse como continuadores de la “tradición golpista”, por decirlo así, de la cual había terminado emergiendo un régimen democrático válido en 1932. Pisaban un terreno absolutamente desconocido, que mezclaba el poder total y, también, el de la disociación total con la tradición democrática y republicana, aun en sus vertientes golpistas del pasado reciente (entre 1932 y 1973 median solo 41 años).

Por eso Allende, a lo largo de todo el periodo y especialmente en la manana del Golpe, es tan insistente en senalar que no va a renunciar. Haberlo hecho no solo tenía un efecto inmediato, el vacío de poder que llenaba la junta de Pinochet, sino un efecto de “normalidad”, una especie de descalificación de lo que se había hecho en los últimos cuarenta años y de lo cual él había sido parte.

Allende no siempre valoró la democracia representativa que lo puso en La Moneda. Durante la campaña de 1970 radicalizó su mensaje, con loas al Che Guevara y a Ho Chi Minh. Fue torpe y quizás hubo algo de ausencia de coraje al plantearse frente al Poder Popular, que representaba en muchas maneras un cambio generacional en la izquierda. Durante 1971 tuvo una retórica destinada a establecer, claramente, que él no era un amarillo, un entreguista, un reformista como Frei Montalva; que las credenciales revolucionarias suyas eran tan grandes como las de Fidel Castro; que no había nada para la derecha en el nuevo mundo que el socialismo iba a construir.

A partir del paro de octubre, su discurso comienza a ponerse más institucional, hay una valorización del camino avanzado; le comienza a decir al Poder Popular que cualquier cambio fuera del camino institucional era, en realidad, lo peor: contrarrevolución. Este fue un discurso, eso sí, destinado a su izquierda, porque ante la derecha y la DC se demostró particularmente duro casi hasta el final.

Allende no era un mártir. Intentó, en la mañana del Golpe, en medio de los balazos, negociaciones imposibles con los militares: la firma de algún tipo de documento que dejara a firme, aun en el nuevo escenario, ciertos avances sociales. Se encontró con la férrea oposición de Pinochet: renuncia o nada, renuncia y exilio inmediato, no hay negociación alguna, renuncia o bombardeo. Pinochet era, aquella manana, a ojos de la gran mayoría de sus pares, un converso, y lo peor, un converso reciente, es decir, un oportunista y, posiblemente, muchos pensaban que si las cosas iban mal Pinochet volvería al bando constitucionalista. Pero era el único de todos los militares que podía liderar el Golpe con la pequeña pátina de juridicidad histórica que tenían: la de la antigüedad de las Fuerzas Armadas y del mandato que había recibido del propio presidente Allende de encabezar el ejército. Es posible que a Pinochet no le quedara otra que esta violencia, brutalidad y desprecio por la vida humana; una vez que escogió ser un monstruo, supo de inmediato que no había vuelta atrás y que la única manera de sobrevivir era devorarlo todo.

La no-renuncia de Allende fue, en algún sentido, un arma mucho mejor que la AK-47 con la que terminó su vida. Porque privó a los militares de presentarse como una misión constituyente, de salvataje. Esto no se trataba de marxismo, izquierda o la Unidad Popular. Allende, en estos últimos momentos, intenta salvar, al menos simbólicamente, la democracia desarrollista que lo había llevado al poder, exenta de golpes de Estado. Es cierto que él la quería modificar hasta límites irreconocibles; no es menos cierto que, en su último suspiro, solo piensa en tres cosas: pueblo, trabajadores y Constitución. Eso es lo que dice su último discurso, donde no hay referencia alguna, pero ninguna, a la izquierda, al socialismo, al marxismo, al poder popular. Aquel discurso, cincuenta años después de pronunciado, brilla con luz propia porque no representa solamente a un solo sector político, sino a la democracia chilena como un todo, con sus fallas, dramas, fracasos, desencuentros y debilidades, excepto una: la simple verdad de que, al cabo de cierto tiempo, concurrimos pacíficamente a elegir a nuestros gobernantes, pase lo que pase.

Imagen: Tanque (2005-2006), de Eugenio Tellez.